La Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial imponer 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Esto por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En tanto, para los expremier Betssy Chávez y Aníbal Torres se pide 25 y 15 años de pena privativa de la libertad, respectivamente.

También se requiere prisión preventiva contra los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior), así como contra los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez. Contra todos ellos el Ministerio Público propone 25 de años de cárcel.

El requerimiento acusatorio fue presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo Alcides Chinchay tras la remoción de Uriel Terán.

Terán Dianderas concluyó la investigación preparatoria por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo a finales de diciembre 2023, antes de que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, lo retirara del cargo y lo regresara a su plaza de origen en Arequipa.

Piden prisión contra Pedro Castillo

Ahora que ya se ha presentado oficialmente la acusación fiscal contra Pedro Castillo y sus presuntos cómplices, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, deberá hacer el respectivo desarrollo de la etapa intermedia o de control de acusación.

En esta etapa, además de subsanarse eventuales errores en la acusación fiscal, las partes ofrecen pruebas y testigos para la probable etapa de juicio. Culminadas las audiencias de control de acusación, el juez Checkley emitirá el auto de enjuiciamiento, resolución que no puede ser apelada.

Luego, en las 48 horas de notificado el auto de enjuiciamiento, el expediente se envía a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para que programe la fecha para la instalación del juicio oral. La sentencia que dicte esta instancia puede ser impugnada ante la Sala Penal Permanente que preside el juez supremo César San Martín.

Por el fallido golpe de Estado, el Poder Judicial le impuso 18 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo a finales de diciembre de 2022.

La defensa de Castillo ha intentado en múltiples ocasiones dejar sin efecto esta medida. El último fracaso data de diciembre del año pasado, cuando el juez supremo Checkley rechazó el pedido del exmandatario de revisión de oficio.

El magistrado determinó que los elementos que justificaron que se dicte la prisión preventiva aún subsisten.

Cabe precisar que sobre Pedro Castillo hay una segunda prisión preventiva. Esta es de 36 meses por presuntamente liderar una red criminal en los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

En paralelo, los abogados del exjefe de Estado, así como letrados simpatizantes, han presentado múltiples hábeas corpus ante el Poder Judicial para que se ordene la inmediata liberación del expresidente. No obstante, todos estos recursos han sido rechazados en primera y segunda instancia, por lo que aproximadamente una decena ha llegado al Tribunal Constitucional.

“Solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y actos posteriores. Claro está que ha habido todo un andamiaje y acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de intereses políticos, acabar con la libertad constitucional”, dijo Castillo ante los magistrados del TC.

“He sido apresado y se han violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y debido proceso, dispuesto por la fiscal de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento y se demuestra con los hechos, una líder de una presunta organización criminal planeada con altos mandos de la Policía y ciertos grupos de congresistas para acabar con mi gobierno”, agregó.

Con información de ACN/EFE

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