La Fiscalía de la Nación presentó una tercera denuncia constitucional en contra de la presidenta de Perú Dina Boluarte y seis exministros. Están señalados de ser responsable de presuntas lesiones en perjuicio de 75 víctimas durante las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

“La imputación está vinculada a las protestas sociales producidas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana. Identificándose a 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados”, indica el documento.

Denuncia  contra Dina Boluarte

Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, en una entrevista a RPP Noticias, refirió que “esta investigación es inoportuna, es inconstitucional y debería archivarse”.

Campos explicó que estas denuncias, motivadas por el Ministerio Público, carecen de sustento real y buscan presionar al Tribunal Constitucional. “Es un esfuerzo del Ministerio Público para presionar… porque la investigación ya tiene casi 30 meses desde que se inició sin que hubiera un tema”, expresó Campos.

El abogado de la presidenta cuestionó enfáticamente el proceder de los fiscales involucrados. “Son tres fiscales distintos con un mismo Ministerio Público que no entiende lo que finalmente ocurrió”, subrayó. Añadió que el Ministerio Público archivó la acusación de genocidio tras 18 meses de investigaciones, reconociendo la falta de elementos.

Joseph Campos aseguró que la serie de denuncias, que él califica como un “collage”, surgen en un contexto que describe como intensamente cargado de intereses políticos y no jurídicos.

La acción del Ministerio Público, sostiene Campos, parece orientada más hacia el desgaste político que hacia la búsqueda de justicia: “Lo que está haciendo la Fiscalía, creo yo, lamentablemente, es politizar el derecho y eso lo lamentamos todos”.

El abogado insistió en que el verdadero objetivo de estas denuncias es ejercer presión sobre el Tribunal Constitucional, que está actualmente a cargo de evaluar dos cuestiones fundamentales: un conflicto competencial y un amparo promovido por Boluarte.

En este sentido, resaltó que la prolongación de la investigación, que ya abarca más de 30 meses, desafía los principios constitucionales al extenderse más allá de los plazos razonables establecidos para tales procesos. Como argumentó, “esta investigación ya tiene casi 30 meses desde que se inició sin que hubiera un tema, con lo cual materialmente está durando más que un proceso, cosa que no quiere la Constitución”.

Alberto Otárola tilda de ‘abusiva’ la denuncia constitucional

A través de su cuenta en ‘X’, el expremier Alberto Otárola manifestó que la Fiscalía ha hecho un ejercicio abusivo del derecho «al presentar una tercera denuncia por los mismos hechos”.

Indicó que “a manera de ruleta procesal construye otro caso, cuando ya hay uno archivado en el Congreso. ¿Salieron a pescar? Saben los fiscales lo que significa el ne bis in idem?.

Con información de:  Infobae

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