Internacional
FBI vincula al piloto del avión retenido en Buenos Aires con Fuerza Quds
FBI vincula al piloto del avión retenido en Buenos Aires con la Fuerza Quds. El iraní Gholamreza Ghasemi, tiene un presunto «vínculo» con una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán; según un informe enviado por FB! a la Justicia argentina, confirmaron este domingo a Efe fuentes judiciales.
La agencia estadounidense remitió esta información al juez Federico Villena, responsable del juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora 1; que lleva una semana investigando los posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internacional.
El juez Villena investiga si la tripulación del avión, cinco iraníes y 14 venezolanos, tienen vínculos con el terrorismo internacional, ya que uno de sus integrantes, el iraní Gholamreza Gashemi, posee el mismo nombre que un miembro de la Fuerza Quds; una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, definida por Estados Unidos como una organización terrorista.
FBI vincula al piloto del avión con Fuerza Quds
Por el momento, las fuentes judiciales consultadas por Efe no detallaron el tipo de asociación que figura en el informe del FBI entre Ghasemi y la Fuerza Quds.
«No hay nada definido de imputaciones por el momento»; señalaron estas fuentes, para agregar que el magistrado continúa analizando este domingo los datos del informe del FBI y los peritajes realizados por la Policía Federal.
La versión del Gobierno
Durante los últimos días, el Gobierno argentino negó que existiera ningún tipo de relación entre Ghasemi y las fuerzas iraníes; al considerar que se trataba de un «homónimo», una hipótesis que fue contradecida este viernes por el responsable de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) paraguaya, Esteban Aquino.
«De acuerdo a lo que nosotros sabemos, y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona vinculada al Quds (…). No es parecido, no es homónimo ni nada, es la persona»; afirmó Aquino, en línea con los datos sostenidos por el informe del FBI.
El avión en cuestión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa); empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza; dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
En Argentina, las petroleras no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos.
Fernández dice que no tiene restriccion
El presidente argentino, Alberto Fernández, subrayó este sábado que no existía «ningún tipo de restricción» sobre la tripulación de la aeronave; integrada por cinco iraníes (entre ellos, Ghasemi) y 14 venezolanos, cuyos pasaportes fueron retenidos por parte de la Justicia; insistió en que el Ejecutivo «actuó rápidamente» en este caso.
Argentina sufrió dos atentados terroristas en la década de 1990 -contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires-; la Justicia local ha señalado a personas poderosas de Irán y el grupo Hezbolá como responsables.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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