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Excarcelada a Martha Grajales bajo medidas cautelares

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Excarcelada Martha Grajales - Agencia Carabobeña de Noticias
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Excarcelada Martha Grajales, quien la justicia de Venezuela procesa por “incitación al odio” y “conspiración”, confirmó su esposo Antonio González.

Grajales, al frente de la ONG SurGentes, la arrestaron el 8 de agosto poco después de una manifestación a favor de detenidos poselectorales frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas. el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, había exigido el lunes su “liberación inmediata”.

La activista, nacida en colombia y nacionalizada venezolana, la detuvo agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un retén policial instalado “a escasos metros del lugar de la concentración” y “obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas”.

“Quiero informar que aproximadamente a las 9:oo de la noche Martha Lía recibió una medida sustitutiva de la privativa de libertad”,dijo González, también miembro de SurGentes, en un video divulgado en la red social X.

González indicó, sin embargo, que sigue en marcha un proceso judicial “que es todas luces arbitrario”.

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Excarcelada Martha Grajales

La Amnistía Internacional había informado que el esposo de Grajales se encontró recorriendo varios centros de detención en Caracas para obtener información sobre el desfile de la activista.

La Fiscalía de Venezuela informó el lunes que Grajales la investigan por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir.

Posterior a la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por la oposición, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales unos 2.000 han sido excarcelados a la fecha, según cifras oficiales.

Acompañó varias manifestaciones

Grajales ha acompañado varias protestas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad conformado por familiares de detenidos poselectorales, procesados en su mayoría por “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos que pueden acarrear penas de entre 10 y 30 años, la máxima en Venezuela.

El presidente Maduro, por su parte, aseguró este martes que varias oenegés involucradas en la defensa de detenidos poselectorales son financiadas por la CIA y el Departamento de Estado.

Entonces, “piden crear un falso comité de madres por la libertad de presos políticos y cuando tú ves la lista son todos los que mataron gente en el país, son los que hirieron gente inocente”, dijo Maduro. “¿Son presos políticos los que atacan con violencia y matan? Son terroristas”, zanjó.

ACN/MAS/AFP

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OVP alerta por dos nuevas muertes en cárceles venezolanas

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OVP cárceles venezolanas
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Dos nuevas muertes bajo custodia del régimen encendieron las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas. Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien padecía meningitis bacteriana, según la información conocida por el OVP.

Este penal alberga a más de 1.000 reclusos, pese a haber sido diseñado para aproximadamente 500, lo que implica un funcionamiento al 200 % de su capacidad y un hacinamiento de al menos 100 %.

En el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo centro, el pasado 20 de abril falleció Deivi Enrique García por motivos de salud.

El OVP denunció que sobre Rodeo IV prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce su capacidad instalada y no existen datos públicos sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades o número de muertes bajo custodia.

Cooperación con el CICR

Estas muertes ocurren en momentos en que el Gobierno venezolano anunció, a través de Delcy Rodríguez, un trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión.

El OVP valoró la participación de un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad, pero advirtió que la cooperación debe permitir conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no ser utilizada para mostrar una imagen distinta a las condiciones cotidianas.

Exigencias del OVP

El observatorio insistió en que el CICR debe tener acceso a los establecimientos con denuncias más graves, como Rodeo I, donde permanecen presos políticos y se reportan dificultades para acceder a atención médica.

Asimismo, la ONG exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios se aplicaron en los casos de Martínez y Quintero, y evaluar las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios para garantizar prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

«Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde. La obligación del Estado comienza con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno», concluyó el OVP.

 

 

 

Con información de nota de prensa

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