Internacional
Estados Unidos afirmó que el asedio de Maduro a opositores “tendrá consecuencias”
Este martes a la noche el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado en el que cuestiona al gobierno de Nicolás Maduro y dijo mostrarse “profundamente preocupado por la emisión de órdenes de arresto y detenciones contra al menos 33 venezolanos”. Pero además, agregó una advertencia al régimen chavista: dijo que las acciones que vayan en contra de esos acuerdos “tendrán consecuencias”.
El lunes, el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab, ordenó la detención de Sebastiana Barráez, periodista de Infobae, y de otro grupo de comunicadores y activistas por los derechos humanos entre los que se encuentran la abogada Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina. Los acusa de conspirar en el marco de una supuesta operación a la que llamó “Brazalete Blanco”, que según el chavismo buscaba atentar contra Maduro.
Estados Unidos sobre nuevas detenciones
El Departamento de Estado reaccionó más de 24 horas después de estos anuncios, con un comunicado en el que cuestiona el accionar del régimen de Maduro y señala que “las detenciones sin el debido proceso van en contra del espíritu del acuerdo de hoja de ruta electoral de octubre de 2023 firmado entre la Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro”.
“Exigimos el fin del acoso por motivos políticos, incluidos los ataques a las oficinas de campaña de la oposición y todos los esfuerzos por sofocar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano mediante el miedo y la intimidación”, aseguró Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado.
“Estados Unidos continúa apoyando al pueblo venezolano en su deseo de una restauración pacífica de la democracia. Las acciones que vayan en contra del espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias”, agregó Miller.
Con información de ACN/infobae
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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