Política
España se hace cargo de los asuntos de República Dominicana en Venezuela
España se ha hecho cargo de los intereses internacionales de la República Dominicana en Venezuela tras la decisión de Nicolás Maduro de expulsar a los diplomáticos dominicanos del país, según anunció el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Desde este lunes 12 de agosto, “es España quien se hace cargo de los intereses internacionales de esa República hermana (Dominicana). España siempre estará a disposición de todos los países y todos los pueblos hermanos de América Latina”, subrayó el ministro durante una comparecencia en el Senado.
España se hace cargo de asuntos de Dominicana
El titular español de Exteriores explicó que ha estado en contacto tanto con el canciller venezolano, Yván Gil, como con los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Con González Urrutia, que afirma ser el ganador de las elecciones del 28 de julio pasado con base en las actas de votación publicadas por la oposición, Albares habló este lunes para intentar impulsar un diálogo que permita poner fin a la crisis desatada desde las pasadas elecciones presidenciales.
Albares también tuvo contacto con los cancilleres de Brasil, Colombia, México, Chile y Panamá, además de República Dominicana, para evaluar la situación en Venezuela.
El gobierno de Caracas desencadenó una crisis diplomática con siete países, entre ellos República Dominicana, a raíz de su cuestionamiento sobre la transparencia y limpieza de los comicios del 28 de julio en los que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no ha publicado las actas de votación mesa por mesa, Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato.
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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD, opositora) considera fraudulento el resultado electoral oficial.
Después de que sus mandatarios expresaran preocupación por el proceso electoral, el Ejecutivo de Maduro exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay «el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano» y anunció la retirada de sus representantes de esas naciones.
En su comparecencia ante el Senado, Albares insistió este martes en que, desde el primer día tras las elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno de Pedro Sánchez ha reclamado la publicación de las actas electorales y transparencia y ha mantenido una “compromiso firme e inquebrantable con la democracia y con el respeto a los derechos humanos en Venezuela”.
El ministro aseguró que el gobierno trabaja “con diligencia, liderazgo y responsabilidad”, ya pidió a la oposición, liderada por el conservador Partido Popular, que actúe también con responsabilidad.
Con información de ACN / el nacional
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Política
Ocariz: A 33 días del sismo, la solidaridad no sustituye la responsabilidad del Estado
El dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz, cuestionó este lunes a la administración de Delcy Rodríguez por la falta de un plan público, detallado y verificable para la reconstrucción del estado La Guaira y demás entidades afectadas, a un mes y dos días del doblete sísmico registrado en la costa norte del país el pasado 24 de junio.
“¿Cuál es el plan? A 33 días de la tragedia no hay claridad. Países que han vivido situaciones similares como Japón, Chile, Nueva Zelanda o Estados Unidos presentan planes de reconstrucción a 10 años en las primeras tres semanas posteriores a un terremoto”, señaló Ocariz.
El vocero de la organización política sostuvo que el evento del 24 de junio marcó un antes y un después para la nación. Recordó que, según cifras oficiales, el saldo es de 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y 856 edificios afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.
“Detrás de cada número hay una familia, la pérdida de un hijo, de un hogar. No es un problema de números”, precisó.
En este sentido, reconoció el valor, la tenacidad y la solidaridad de la respuesta ciudadana, pero remarcó los límites del voluntariado:
“Hemos visto una inmensa calidad humana, pero la solidaridad de los venezolanos no puede sustituir la responsabilidad del Estado”.
Frente a los anuncios oficiales que calificó de «generales», Ocariz exigió respuestas concretas sobre el destino de los damnificados y las edificaciones en riesgo. Respecto a la vivienda y refugios, preguntó dónde se construirán las nuevas casas, bajo qué criterios de asignación y cuánto tiempo permanecerán las familias en esos espacios.
Asimismo, sobre los 856 edificios afectados, cuestionó cuáles son seguros, cuáles se demolerán y quién asumirá el costo de las reparaciones.
En relación con el financiamiento, indagó a cuánto asciende el presupuesto real, al tiempo que señaló que el fondo de 340 millones de dólares del FMI es insuficiente frente a las estimaciones del Banco Mundial, que calculan los daños en más de 20.000 millones de dólares. “¿Quién pondrá esos recursos y qué organismo los manejará?”, agregó.
Para abordar la contingencia con transparencia, Ocariz presentó una propuesta estructurada en cinco ejes clave:
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Registro público e informe técnico: un catastro abierto de inmuebles afectados y un estudio exhaustivo sobre las fallas de suelo en Vargas.
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Cronograma público de reconstrucción en tres etapas:
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Estabilización (0 a 6 meses): contempla limpieza de escombros, contención de zonas inestables y diseño técnico.
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Reconstrucción (6 a 24 meses): edificación de viviendas, rehabilitación de escuelas y obras mayores de infraestructura.
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Recuperación sostenible (2 a 5 años): prevé el desarrollo urbano, fortalecimiento institucional y prevención permanente.
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Fondo transparente: creación de un fondo de reconstrucción normado por ley.
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Incorporación de la academia: participación de colegios profesionales, sociedad civil y universidades, a la par de las acciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
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Atención integral: restablecimiento prioritario de servicios públicos, centros de salud y planteles educativos.
“Esto no es una postura política, es una visión de país. Médicos, bomberos, rescatistas y jóvenes han demostrado su disposición de colaborar. Nuestro compromiso es liderar y participar, pero el Estado debe actuar con claridad. Viene la etapa más difícil: reconstruir las viviendas, los servicios y, sobre todo, la confianza”, concluyó el dirigente.

Con información de nota de prensa
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