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España se hace cargo de los asuntos de República Dominicana en Venezuela

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España se hace cargo de asuntos de Dominicana - Agencia Carabobeña de Noticia - Agencia ACN - Noticias política
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España se ha hecho cargo de los intereses internacionales de la República Dominicana en Venezuela tras la decisión de Nicolás Maduro de expulsar a los diplomáticos dominicanos del país, según anunció el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Desde este lunes 12 de agosto, “es España quien se hace cargo de los intereses internacionales de esa República hermana (Dominicana). España siempre estará a disposición de todos los países y todos los pueblos hermanos de América Latina”, subrayó el ministro durante una comparecencia en el Senado.

España se hace cargo de asuntos de Dominicana

El titular español de Exteriores explicó que ha estado en contacto tanto con el canciller venezolano, Yván Gil, como con los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Con González Urrutia, que afirma ser el ganador de las elecciones del 28 de julio pasado con base en las actas de votación publicadas por la oposición, Albares habló este lunes para intentar impulsar un diálogo que permita poner fin a la crisis desatada desde las pasadas elecciones presidenciales.

Albares también tuvo contacto con los cancilleres de Brasil, Colombia, México, Chile y Panamá, además de República Dominicana, para evaluar la situación en Venezuela.

El gobierno de Caracas desencadenó una crisis diplomática con siete países, entre ellos República Dominicana, a raíz de su cuestionamiento sobre la transparencia y limpieza de los comicios del 28 de julio en los que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no ha publicado las actas de votación mesa por mesa, Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato.

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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD, opositora) considera fraudulento el resultado electoral oficial.

Después de que sus mandatarios expresaran preocupación por el proceso electoral, el Ejecutivo de Maduro exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay «el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano» y anunció la retirada de sus representantes de esas naciones.

En su comparecencia ante el Senado, Albares insistió este martes en que, desde el primer día tras las elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno de Pedro Sánchez ha reclamado la publicación de las actas electorales y transparencia y ha mantenido una “compromiso firme e inquebrantable con la democracia y con el respeto a los derechos humanos en Venezuela”.

El ministro aseguró que el gobierno trabaja “con diligencia, liderazgo y responsabilidad”, ya pidió a la oposición, liderada por el conservador Partido Popular, que actúe también con responsabilidad.

Con información de ACN / el nacional

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Política

Foro Penal eleva a 81 excarcelaciones verificadas desde el 14 agosto

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Foro Penal eleva a 81 excarcelaciones verificadas - Agencia Carabobeña de Noticias
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El Foro Penal eleva a 81 excarcelaciones verificadas considerados presos políticos desde el inicio del proceso anunciado por las autoridades venezolanas el pasado 14 de agosto.

La cifra fue anunciada este lunes 17 de agosto por Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, quien explicó que el equipo continúa verificando cada caso antes de incorporarlo al registro de liberaciones.

“A esta hora del día de hoy continúa el proceso de verificación de excarcelaciones iniciado el 14/08/26. Hasta este momento en el Foro Penal hemos verificado y confirmado 81 excarcelaciones. Seguimos…”, señaló Himiob a través de su cuenta en X.

Foro Penal eleva a 81 excarcelaciones verificadas…

El proceso comenzó el viernes, cuando el gobierno anunció que 131 personas detenidas serían beneficiadas con medidas alternativas a la privación de libertad. La decisión fue presentada como resultado de una revisión de los expedientes por parte de los tribunales, a solicitud del Ministerio Público.

Según el comunicado oficial, las medidas fueron aplicadas a personas procesadas o condenadas por delitos contemplados en la legislación venezolana.

El ejecutivo vinculó las causas revisadas con hechos que calificó como “atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República”.

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