Internacional
EEUU: Nueva norma restringe acceso al asilo quienes crucen irregularmente la frontera
El gobierno de Estados Unidos promulgó este miércoles una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus.
La norma, que se publicará este miércoles en el registro federal, califica como «no aptos» para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos, explicaron funcionarios del gobierno en una llamada con reporteros.
Nueva norma
Esta nueva restricción forma parte de las medidas que regirán la frontera entre México y Estados Unidos desde este jueves, cuando se levantará el Título 42, por el que han sido expulsados hasta 2,5 millones de migrantes en los últimos tres años.
A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos.
Estados Unidos ofrecerá unas 1.000 citas diarias para solicitar asilo a través de este procedimiento, una cifra que, según contaron los funcionarios públicos, podrá incrementarse «dependiendo de la capacidad» de los trabajadores del servicio de migración.
Quienes no se acojan a este proceso y decidan cruzar la frontera de manera irregular serán declarados no aptos para pedir asilo en Estados Unidos, a menos que se les haya negado anteriormente en un tercer país o que demuestren haber encontrado a barreras tecnológicas o de lenguaje para acceder a la aplicación.
Las personas que sean calificadas como no aptas para solicitar asilo podrán ser deportadas, se les prohibirá la entrada a Estados Unidos durante cinco años y podrán enfrentarse a cargos penales si intentan entrar nuevamente a Estados Unidos, según explicaron los funcionarios.
Deportación de migrantes
De hecho, también detallaron que Estados Unidos incrementó el número de vuelos de deportación a países de la región y también llegó a un acuerdo con México para que el país vecino reciba hasta 30.000 migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba deportados al mes.
Por su parte, las personas que sean arrestadas cruzando la frontera y a las que se le dé la oportunidad de presentar su caso de asilo, a través de una entrevista de «miedo creíble», deberán hacerlo mientras estén en detención.
«Hemos contratado y tendremos listos para desplegar a unos 1.000 funcionarios de asilo para llevar a cabo las entrevistas de miedo creíble en la frontera a partir del jueves», explicó otro de los funcionarios públicos.
Como parte del refuerzo de personal, el gobierno estadounidense también desplegará unos 24.000 «oficiales del orden» en la frontera, además de unos 400 «voluntarios».
Varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch, criticaron duramente la norma promulgada hoy cuando se encontraba en la fase de comentarios públicos definiéndola como una «violación de los derechos humanos y de la ley» internacional.
Con información ACN/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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