Política
Politólogos: Detención de Guaidó podría ocurrir solo como última opción
El silencio que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro desde que se le allanó la inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela, Juan Guaidó; muestra la incapacidad de consumar su detención y el terror que siente de que dicha acción se convierta en una maniobra mortal; aseguraron Nícmer Evans, politólogo y disidente del chavismo, y Daniel Arias, analista político.
A juicio de Evans, el gobierno chavista-madurista, «se encuentra acorralado lo que lo hace actuar como una fiera herida; que aparenta ferocidad, cuando en realidad, se encuentra en una situación de riesgo; verdaderamente afectado y débil», por lo que mantiene amenazas permanentes y persecuciones contra el presidente encargado y su entorno.
“Este es el momento más débil que ha existido desde el punto de vista del poder, de la institucionalidad; y del contexto internacional, de todo el régimen chavista-madurista. Por eso, las amenazas en función a la detención de Guaidó terminan siendo solo eso, amenazas”, aseguró.
Resaltó sobre ello, que si el Ejecutivo, que de acuerdo con la Asamblea Nacional usurpa funciones; hubiera querido detenerlo ya hubiera llevado a cabo la acción, en vista de que el parlamentario realizó una gira internacional; obviando la prohibición dictada por el TSJ y continúa ejerciendo funciones ejecutivas.
En este sentido, agregó que “Guaidó se ha convertido en una pieza demasiado importante como para ser atacada de manera directa. Más allá de la inmunidad parlamentaria, tiene una inmunidad política como consecuencia de su liderazgo que, por supuesto; es frágil, por el terrorismo de Estado, pero que es sólido desde el punto de vista político”.
Jugada política
Para Arias, las acciones pasadas fueron el anticipo de una jugada política; con el objetivo de pretender desbaratar la presión internacional; que han ido incrementando los países aliados al mandatario encargado para generar la salida de Maduro.
Explicó, que el gobierno detendrá a Juan Guaidó solo como última opción; “para decapitar a la unidad de mando de la oposición forjada a su alrededor; para dejar a la opinión pública opositora huérfana de liderazgo”.
Añadió que “no lo han apresado por temor a una respuesta violenta tipo militar de los estadounidenses; por ello, tienen guardada su aprehensión hasta que no se produzca una situación irreversible; como la detención de un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela o la llegada inminente de tropas con la ayuda humanitaria”.
Los politólogos no descartaron, que continúen las acciones represivas y la persecución; en contra de cualquier ciudadano que se sume a la ruta de la oposición, que incluye el cese de la usurpación; el gobierno de transición y las elecciones libres.
“Lo sorprendente, es que a pesar de la persecución, la gente quiere reunirse con él; y los detenidos se mantienen firmes en su posición. Eso deja en evidencia que hay una importante capacidad de compromiso; y se está consciente del riesgo que se corre en la búsqueda del retorno de la democracia”, sentenció Evans.
¿Es legal el proceso de investigación?
La Sala Plena del TSJ, solicitó a la ANC el 1° de abril que allanara la inmunidad del legislador; y al Ministerio Público que diera inicio al proceso de investigación. “La Sala Plena está actuando inconstitucionalmente; por lo que esa solicitud o autorización es irrita y nula”, dijo el abogado penalista, Joel García.
Explicó, que debido a que Guaidó goza de inmunidad, el procedimiento no es el adecuado; «es el MP, titular de la acción penal y director de cualquier investigación, el que debe presentar un informe ante la Sala Plena del TSJ; en el que declara que existe méritos para enjuiciar. Allí, el máximo tribunal debe solicitar el allanamiento de la inmunidad al Parlamento legítimo único órgano que tiene potestad y facultad por mandato del artículo 200 de la carta magna; y 24 del Reglamento de Interior y Debate de la AN, para allanar la inmunidad de cualquier parlamentario».
“La cuestión no es la investigación, sino quién la está autorizando y cómo se está autorizando; que es lo inconstitucional y, por ende, todo lo que se derive de ello es nulo de toda nulidad. Si la forma de investigar y de allanar su inmunidad es totalmente inconstitucional; todo lo que se derive de ello es inconstitucional”, puntualizó.
ACN/El Nacional/Foto: EN
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Política
Rocío San Miguel recibió libertad plena por parte de tribunal venezolano
La abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel recibió libertad plena, informó por sus redes sociales, la también directora de la ONG Control Ciudadano.
El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó sentencia absolutoria a su favor, declarándola libre de toda responsabilidad penal por los cargos que se le imputaban.
“Hoy culmina un duro capítulo de mi vida. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, escribió San Miguel en su cuenta de X.
Añadió que durante este proceso “fueron puestas a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”. La activista agradeció a su familia —especialmente a su hija—, a la sociedad civil venezolana, a organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que la acompañaron.
Rocío San Miguel recibió libertad plena
Destacó el respaldo de Amnistía Internacional, Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FLDAmericas), Human Rights Foundation (HRF), sus abogados Theresly Malavé, Juan González Taguaruco, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, así como al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
San Miguel expresó solidaridad con los ciudadanos, activistas y presos políticos que aún enfrentan procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. Señaló que “la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”.
Respecto a las condenas emitidas en el mismo caso contra otros acusados, esperó que sean anuladas por considerarlas “profundamente injustas”.
La defensora anunció que continuará trabajando “con la misma transparencia y convicción” por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y una Venezuela democrática.
Años de injusticia
Rocío San Miguel Sosa, abogada especialista en temas de seguridad y defensa, es presidenta de Control Ciudadano, organización dedicada a la contraloría ciudadana sobre la seguridad nacional, la defensa y la Fuerza Armada Nacional. Detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando intentaba viajar con su hija.
Las autoridades la vinculaban a la presunta trama conspirativa “Brazalete Blanco”, por la que se le imputaron delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Durante la operación también detuvieron a familiares cercanos, entre ellos el padre de su hija, dos hermanos y su exesposo.
Organismos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denunciaron la detención como arbitraria y una posible desaparición forzada, recordando que San Miguel contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Permaneció privada de libertad durante aproximadamente un año, diez meses y 29 días, principalmente en El Helicoide (sede del Sebin).
Luego la excarcelaron el 8 de enero de 2026 en el marco de liberaciones de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro, aunque siguió bajo medidas cautelares hasta la sentencia absolutoria del 1-2 de octubre de 2026, que le otorgó libertad plena.
ACN/MAS/Efecto Cocuyo
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