El fiscal general de la República, Tarek William Saab, reportó que 10 funcionarios y un grupo de 11 empresarios fueron detenidos por su presunta participación en una red de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

 

Desde la sede del órgano, se informó que entre los detenidos se encuentran el vicepresidente de Comercio y Suministro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y jefe de la estructura de corrupción, Antonio José Pérez Suárez.

Así como el Superintendente Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y operador cripto financiero, Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho.

También destaca Hugbel Rafael Roa Caruci, exdiputado de la Asamblea Nacional, quien usaba su cargo para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban.

Así como los funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, quienes mantenían cargos de responsabilidad para contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior.

Asimismo, figuran en la lista Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos pertenecientes a la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.

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Entre los empresarios y asociados puestos a la orden de la justicia destacan Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Rogers Ramírez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre funcionarios públicos y empresarios; Rafael Perdomo y Roger Perdomo, hermanos que fungían como asociados y operadores financieros nacionales a cargo de legitimar capitales.

También resultó aprehendido Daniel Prieto, empresario asociado y operador financiero en territorio nacional e internacional.

Junto a ellos están también a las órdenes de las autoridades Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres.

 

“Más allá de las náuseas que esto causa, hay que ver esa sed de justicia que nuestro pueblo está sintiendo. Allí están las actuaciones del Estado venezolano contra estos seres del inframundo”, señaló el titular de la acción penal.

En tal sentido, enfatizó que “a quienes se atrevan a imitar este tipo de bochorno, les caerá la máxima pena establecida en la ley”.

Esta lucha anticorrupción mantiene unido al país más allá de cualquier matiz. Se ensañaron contra el trabajador, el ama de casa y el padre de familia”.

Los hechos

 

De acuerdo con Saab, las investigaciones detectaron a una red de funcionarios valiéndose de su cargo y autoridad para ejecutar operaciones petroleras paralelas a Pdvsa.

“Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de la empresa estatal sin ningún tipo de control administrativo ni garantías”.

“Esto incumple con las normativas de contratación requeridas para tal fin”, profundizó Saab.

Una vez comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Pdvsa.

Para estas operaciones, se utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles que legitimaron el capital obtenido de las ventas, por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.

También demostraban públicamente un estilo de vida que no corresponde al de un servidor público.

Sumado a ello, captaban a jóvenes para incluirlas en la red de lavado de activos y las premiaban con una vida suntuosa.

Saab aseveró que “no se descarta, luego de estas detenciones, que vengan delaciones y éstas seguramente nos llevarán a otras personas (…) vamos a ver qué arrojan las audiencias de presentación y las audiencias de delación. Aún queda mucha tela por cortar”.

Otros vinculados

 

De igual modo, también se solicitaron 11 órdenes de aprehensión. Entre los solicitados están Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, hermanos y empresarios asociados como operadores financieros internacionales que legitimaron capitales obtenidos ilícitamente.

También son objeto de búsqueda William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo por su presunto nexo con la estructura.

 

A los antes mencionados se les imputa por apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.

Con respecto al caso de los funcionarios públicos, se les imputará además por traición a la patria.

 

Alcalde

Otro caso destacado fue la detención del alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua (Las Tejerías), Pedro José Hernández Inojosa; por su presunta vinculación con Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “El Conejo”.

Según las investigaciones, el alcalde financiaba y apoyaba con recursos del Estado venezolano fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales.

En tal sentido, se estableció que tiene vinculación directa con el criminal Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”; a cargo de células criminales y terroristas internacionales que operan en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

 

El exalcalde fue imputado por presunta extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada, legitimación de capitales y traición a la patria.

 

Poder Judicial

 

Sobre la corrupción dentro del Poder Judicial, el fiscal general comentó la aprehensión del expresidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, y de José Mascimino Márquez García, juez 4º de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos de Terrorismo.

Estos funcionarios se concertaron para otorgarle medida cautelar a Cheremos Carrasquel, procesado como integrante del grupo de delincuencia organizada conocido como “El Tren del Llano”, a fin de que el mismo pudiera ser juzgado en libertad.

También fue detenido en Falcón el juez Yorwis Bracho Gómez, quien “al momento de celebrar una audiencia especial de tercería, acordó la entrega de cuatro vehículos automotores, los cuales eran objeto de una medida cautelar de incautación solicitada en su momento por el Ministerio Público”.

Los propietarios de dichos vehículos están sujetos a investigación penal, incluso algunos investigados como terceros interpuestos, por lo que se presume que Yorwis Bracho Gómez se aprovecha de su cargo como Juez para otorgar beneficios judiciales.

Estos funcionarios son imputados por presunto retraso u omisión intencional de funciones y asociación.

 

Sin tintes políticos

El Fiscal General recalcó que la lucha contra la corrupción no tiene tintes políticos, y que el Ministerio Público lo ha demostrado con hechos.

 

“Se trata de una lucha histórica contra la corrupción, que no tiene colores políticos; a pesar de que algunos intentan pescar en río revuelto. Nadie puede sin elementos en mano tomar una bandera que no le corresponde; porque la opinión pública lo castiga”, opinó el alto funcionario.

 

De igual modo, Saab destacó que “lo que está demostrando el Estado venezolano es digno de elogio, porque está actuando. No nos hemos quedado de brazos cruzados. Estoy convencido de que vendrán nuevas acciones ejemplarizantes”.

Igualmente hizo un llamado a la ética y moral: “Si usted es funcionario público y está haciendo lo bueno, tenga la certeza de que será recompensado; pero si está haciendo lo malo, véase en el espejo de estos cobardes”, expresó el alto funcionario.