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Demandan a excongresista de Florida por contrato con el gobierno de Maduro

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Demandan a excongresista de Florida por contrato con el gobierno de Maduro
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Por: Lcdo. Pedro L. Mayorga A. | 13 de mayo de 2020 17:22 HLV | Categoría:Internacional

De acuerdo a fuentes de Associated Press en Miami, una firma consultora que es propiedad de un excongresista norteamericano por el Estado Florida, quién además fue compañero del senador Marco Rubio y compartió su política anticomunista, fue demandada por presuntamente haber mantenido un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Nicolás Maduro.

La demanda contra la empresa Interamerican Consulting (Consultoría Interamericana) propiedad de David Rivera, fue presentada este miércoles en la Corte Federal de Nueva York por activistas opositores de Maduro; que controlan la filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).



Según la demanda, PDVSA a principios de 2017 contrató a Interamerican Consulting por tres meses, para un trabajo de consultoría con el objetivo de mejorar la «reputación a largo plazo»; y la «posición en el mercado» de PDVSA entre las «partes interesadas» en los Estados Unidos.

Demandada Firma consultora propiedad de excongresista de Florida

Sin embargo, la demanda presentada en la Corte Federal de Nueva York alega que el excongresista republicano, cubanoamericano, David Rivera, no describió ningún trabajo que hubiera realizado realmente; preparando solo dos de los siete informes de progreso quincenales prometidos; mientras recaudaba los primeros $15 millones de los $50 millones acordados con el gobierno de Maduro.

En ese momento, Maduro intentaba ganarse el favor de la administración Trump, evitando las críticas directas al nuevo presidente de los Estados Unidos mientras canalizaba $500.000 a su comité inaugural, a través de Citgo; la subsidiaria de PDVSA con sede en Houston (Texas).

El esfuerzo cayó realizado por el gobierno de Maduro fue en vano. Animado por Marco Rubio, quien organizó una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y la esposa del activista opositor venezolano Leopoldo López; Estados Unidos aumentó gradualmente la presión sobre Maduro y en agosto de 2017 impuso la primera de las sanciones gradualmente más restrictivas contra PDVSA.

Contrato por 50 millones de dólares con PDVSA

Entonces fue cuando PDVSA acordó pagar a Interamerican Consulting $50 millones. Cabe destacar que la firma enumera como su dirección comercial principal la propia casa de David Rivera; en la ciudad de Miami.

Este contrato, eclipsa los $12.5 millones que Maduro acordó este año pagar al bufete de abogados de Florida Foley Lardner; por cinco meses de relaciones públicas y trabajo de lobby.

Cuando Associated Press le preguntó sobre el contrato, David Rivera respondió con un mensaje de texto que hacia referencia al «Citgo 6»; refiriéndose a los cinco ciudadanos estadounidenses y un residente legal de los Estados Unidos que habían sido retenidos en una prisión venezolana desde noviembre de 2017, seis meses después de la firma del contrato.

Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana, incluido Leopoldo López. Eso es todo lo que sé”; dijo Rivera sin responder más preguntas y negándose a explicarse.

[Fuentes]: ACN | Associated Press | @APjoshgoodman | Redes

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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