La Defensoría del Pueblo activó un despliegue nacional para acompañar, proteger y supervisar el respeto de los derechos humanos de las personas afectadas por la emergencia del doblete sísmico.

En cumplimiento de su mandato constitucional, la institución mantiene presencia en las zonas impactadas, realizando labores de verificación, acompañamiento a las víctimas, supervisión de la atención brindada por organismos públicos y articulación institucional para garantizar una respuesta integral del Estado.

La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, instruyó de manera inmediata a los Defensores Delegados Especiales, Estadales y Municipales a desplegarse en sus jurisdicciones para levantar información, identificar situaciones de vulnerabilidad y coordinar acciones con las instituciones competentes.

Este despliegue permite conocer directamente las necesidades de la población y canalizar respuestas oportunas, especialmente en favor de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, pueblos indígenas, comunidades LGBTIQ+, personas privadas de libertad y demás grupos que requieren protección reforzada durante una emergencia.

Como parte de estas acciones, la Defensora recorrió zonas afectadas del estado La Guaira y visitó el Servicio de Pediatría del Hospital Dr. Domingo Luciani, donde verificó la atención médica brindada a niños y adolescentes lesionados.

También inspeccionó el Centro de Servicio Social Residencial Dr. Joaquín Quintero Quintero, en Caricuao, constatando la atención integral de 66 adultos mayores trasladados desde Catia La Mar, a quienes se entregaron sillas de ruedas, agua potable y artículos de higiene personal.

Paralelamente, la sede principal de la Defensoría, en Plaza Morelos, fue habilitada como centro de coordinación y apoyo humanitario. Desde allí, equipos especializados evalúan la situación nacional y coordinan actuaciones en materia de infancia, salud, vivienda, pueblos indígenas, ambiente, mujeres y personas privadas de libertad.

Gracias al apoyo de instituciones públicas, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos, las sedes defensoriales han canalizado la entrega de ropa, alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, leche en polvo, cobijas y otros insumos esenciales para las familias afectadas.

Supervisión y articulación institucional

La Defensoría del Pueblo desarrolla su actuación en estrecha coordinación con las instituciones responsables de la emergencia, supervisando que todas las personas reciban atención digna, sin discriminación y con pleno respeto de sus derechos fundamentales.

Hasta la fecha, funcionarios han recorrido aproximadamente 36 refugios en Caracas y otras regiones, elaborando un diagnóstico nacional sobre condiciones de alojamiento, acceso a servicios básicos, reunificación familiar y necesidades prioritarias de la población en desplazamiento interno.

En el ámbito del derecho a la vivienda, la institución mantiene presencia en estados como La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Falcón, verificando refugios temporales, documentando riesgos y promoviendo la protección de personas en situación vulnerable.

Asimismo, se conformó una comisión especializada para atender comunidades indígenas afectadas, garantizando un enfoque intercultural y el respeto de sus derechos colectivos.

La Defensora del Pueblo también recorrió zonas severamente afectadas como Los Palos Grandes y San Bernardino, junto a autoridades locales y equipos de rescate, verificando directamente la situación de las familias damnificadas.

Toda la información recopilada se procesa mediante un sistema nacional de seguimiento que permite identificar riesgos, formular recomendaciones y orientar actuaciones institucionales para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos durante la emergencia y en la etapa de recuperación.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de permanecer al lado de las víctimas en todas las fases de esta contingencia, contribuyendo a que la recuperación del país se desarrolle con pleno respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales.