Tras cuatro años de decretos, la transferencia real de las funciones de custodia al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) sigue siendo una asignatura pendiente que subraya las dificultades del Estado venezolano para garantizar el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho.

Aunque formalmente se decretó la transferencia, en la práctica no se han reflejado cambios significativos, dado que la custodia sigue controlada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Este contexto de represión y temor pone en riesgo a miles de ciudadanos y socava la efectividad de las instituciones democráticas en el país.

El 12 de mayo de 2021, el decreto presidencial N.º 4.510 ordenó a la DGCIM y al SEBIN ceder las funciones de custodia al MPPSP. A pesar de esta medida, que fue respaldada por posteriores decretos, las acciones concretas para garantizar la transferencia han sido escasas.

La situación se agrava en un entorno de continuas violaciones de derechos humanos, en el cual tanto la DGCIM como el SEBIN son señalados como centros de tortura sistemática.

Las condiciones de detención en instalaciones como El Helicoide, que deberían haber sido completamente transferidas al control del MPPSP, no han cambiado, lo que plantea serias preocupaciones sobre los derechos de los detenidos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha documentado numerosos abusos en estos centros, y las denuncias de torturas incluyen métodos inhumanos.

Estos actos, considerados crímenes de lesa humanidad, son parte de una estrategia estatal de represión contra disidentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos, asegura la OVP en nota de prensa.

Además, el Código Orgánico Penitenciario (COP), que pretende garantizar la rehabilitación y el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, enfrenta su propio conjunto de desafíos debido a la falta de un reglamento que desarrolle sus disposiciones.

La ausencia de este marco normativo complica la administración del sistema penitenciario y puede perpetuar abusos y condiciones inadecuadas para los reclusos.

En resumen, la denuncia del Observatorio de Victimas (OVP) resalta que la custodia del DGCIM y el SEBIN continúa en manos de personal sin capacitación, lo que afecta no solo a los privados de libertad, sino también a sus familias, quienes sufren por la falta de información y el acceso limitado a sus seres queridos.

Con información de nota de prensa

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