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Cuatro países intentan dividir a la OEA

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Cuatro  países, Uruguay, México,  Bolivia y Nicaragua;  intentan dividir a la 49º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) conformada por 35 países;  en protesta por la presencia de una delegación del presidente interino de Venezuela,  Juan Guaidó;   a la que considera ilegítima. Cuba y Venezuela están desvinculadas del organismo hemisférico.

Uruguay se retiró este jueves de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia; en protesta por la presencia de una delegación de Venezuela; a la que considera ilegítima;  mientras otros tres países cuestionaron la legalidad de la representación del país petrolero.

El foro hemisférico aprobó entonces que el país estuviera representado por enviados de Guaidó; reconocido por más de 50 naciones como presidente encargado de Venezuela.

Carlos Holmes Trujilo, de Colombia, electo presidente de la 49ª Asamblea General de la OEA

Durante el encuentro, los países miembros eligieron a Carlos Holmes Trujilo, canciller de Colombia;  como presidente de la 49ª Asamblea General del organismo.

El incidente diplomático, en el primer día de sesiones de la OEA;  dejó en evidencia la falta de consenso en el organismo hemisférico; para elevar la presión y el aislamiento a nivel continental sobre el gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

Si bien Maduro anunció el retiro de la OEA en abril de 2017;  el legislador Gustavo Tarre, designado por el líder opositor Juan Guaidó, fue reconocido y aceptado en abril;  como representante de la Asamblea Nacional de ese país.

“Uruguay considera que intentar imponer el reconocimiento; como legítimo representante de Venezuela a esa delegación, es ni más ni menos que un avasallamiento de la legalidad de la OEA;  y por lo tanto, no puede sino estar en contra de una acción de tal naturaleza”; dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino.

“Nos retiramos de esta reunión, pero no de la OEA”, agregó el diplomático uruguayo.

México consideró que las credenciales presentadas por la delegación de Venezuela; liderada por Julio Borges, no cumplen con los requisitos para ser admitida en la asamblea;  y Bolivia anunció que se reservará el derecho de reconocer las resoluciones y documentos aprobados con la participación de Estados no miembros.

Argentina, a través de su vicecanciller, Gustavo Rodolfo Zlauvinen, reconoció a la delegación venezolana.

Antes del inicio de la asamblea, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro; dijo que en la reunión se buscaba aumentar la presión y el aislamiento contra Maduro;  e incluso la adopción de sanciones que no especificó.

Uruguay encabeza protesta por delegación de Guaidó  

México, Bolivia y Nicaragua se sumaron;  y anunciaron que se reservarán el derecho a reconocer las resoluciones aprobadas en la reunión regional.

Uruguay se retiró este jueves de la Asamblea General de la OEA, que se celebra en Medellín;  en rechazo por la participación de delegados del presidente interino Juan Guaidó, en representación de Venezuela; mientras México, Bolivia y Nicaragua expresaron su protesta.

Ariel Bergamino, vicecanciller uruguayo  se marginó de los debates; que se llevarán a cabo hasta el viernes, alegando que el organismo hemisférico; no puede reconocer, por «la vía de los hechos», a un nuevo gobierno. «Uruguay se retirará de esta asamblea», protestó. «Intentar imponer el reconocimiento como legítimo representante de Venezuela a esa delegación, es ni más ni menos que un avasallamiento de la legalidad de la OEA; y por lo tanto, (Uruguay) no puede sino estar en contra de una acción de tal naturaleza», agregó. Luego abandonó el recinto.

La delegación de Venezuela puesta en cuestión; está representada por un grupo liderado por Julio Borges, un aliado de Guaidó exiliado en Colombia.

La severa crisis económica y política que enfrenta la otrora potencia petrolera; marcó el primer día de deliberaciones.

Una mayoría encabezada por Estados Unidos, Brasil y Colombia;  presiona por la salida de Nicolás Maduro. Sin embargo, México, Bolivia y Nicaragua se sumaron a la protesta de Uruguay;  y anunciaron que se reservarán el derecho a reconocer las resoluciones aprobadas en la asamblea.

Evo Morales, presidente de Bolivia y aliado de Maduro;  afirmó en la misma red social que Venezuela «no debería ser eje» de los debates, pues no forma parte del organismo.

Maduro desvinculó a Venezuela de la Organización de Estados Americanos; en un proceso iniciado en 2017 y que concluyó en abril.

El foro hemisférico aprobó entonces que el país estuviera representado por enviados de Guaidó; reconocido por más de 50 naciones como presidente encargado de Venezuela.

Durante el encuentro, los países miembros eligieron a Carlos Holmes Trujilo, canciller de Colombia; como presidente de la 49ª Asamblea General del organismo.

Entre otros asuntos, se discutió la situación en Nicaragua; sacudida por una ola de protestas antigubernamentales desde abril de 2018;  que desataron una violenta represión con miles de víctimas entre muertos, heridos y exiliados.

Jorge Arreaza aseguró en Twitter que la asamblea coincidía «estrictamente;  con la agenda impuesta por Washington», sin tener en cuenta los problemas más importantes de la región. «En buen momento el presidente Nicolas Maduro decidió el retiro de esa caduca organización», añadió.

Países que integran la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA); es un organismo regional que está compuesto por 35 países. Estos son, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

¿Qué es la OEA?

La Organización de Estados Americanos (OEA) es un organismo regional panamericano; que busca promover el consenso y diálogo en la toma de decisiones que competen al continente americano. Este foro político fue creado en 1948 y su sede se encuentra en el Distrito de Columbia (E.E.U.U); aun cuando también posee oficinas regionales en algunos de sus países miembros.

En un comienzo (1948), fueron 21 los países que firmaron la Carta de la Organización de los Estados Americanos; pero con el paso de los años más países se integraron; como Canadá, Belice, Guyana y la mayoría de los estados caribeños.

Suspensiones, expulsiones y abandonos en la OEA

A pesar de ser un organismo que promueve el buen entendimiento político entre sus miembros; su historia no ha estado ajena a algunas polémicas. Por ejemplo, en 1962 se decidió expulsar a Cuba; por considerar que la ideología comunista del país caribeño; era incompatible con los principios democráticos que defendía la OEA.

En 2009 se suspendió a Honduras del organismo; luego de que ese país centroamericano sufriese un golpe de estado en 2009; que sacó del poder al entonces presidente Manuel Zelaya.  La OEA pidió la restitución del poder a Zelaya, lo que fue negado por el gobierno de facto hondureño. En 2011 se reincorporó finalmente Honduras luego de la vuelta del exilio de Zelaya.

Ya en 2017, Venezuela inició los trámites para abandonar la OEA; luego de las múltiples críticas por parte del organismo por considerar que el estado ha violado la Carta Democrática; lo que redundó en amenazas de expulsarla del bloque si no volvía al orden democrático esperado.

 Objetivos de la OEA

Como un organismo internacional que abarca tantos países, los objetivos de la OEA se enmarcan en el entendimiento entre las naciones miembros. Más concretamente, esta organización busca:

  1. Defensa y promoción de los derechos humanos.
  2. Construcción de relaciones más fuertes entre los países miembros.
  3. Buscar soluciones consensuadas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes americanos.
  4. Consolidar regímenes democráticos que signifiquen un mayor estado de bienestar para sus pueblos.
  5. Desarrollo social, cultural y económico conjunto.
  6. Búsqueda de la tranquilidad y paz entre los países americanos, de forma de evitar conflictos que puedan perjudicar sus relaciones.

ACN/AFP/fm

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Internacional

Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)

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Estados demandan a Trump - Agencia Carabobeña de Noticias
Zohran Mamdani. alcalde Nueva York
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Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.

Estados demandan a administración Trump…

Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.

Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.

¿A qué se refiere?

La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.

La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas

La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.

Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.

Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»

La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.

Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.

“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.

“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.

ACN/MAS/CNN

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