Internacional
Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes para abordar ataque y detención de Maduro
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes después de que Estados Unidos atacó a Venezuela y depuso a su presidente, Nicolás Maduro, una medida que el secretario general del máximo organismo, Antonio Guterres, considera que establece «un precedente peligroso».
Colombia, con el respaldo de Rusia y China, solicitó la reunión del consejo de 15 miembros, según informaron diplomáticos. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió dos veces, en octubre y diciembre, debido a la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado que Washington gobernaría Venezuela «hasta que podamos lograr una transición segura, adecuada y juiciosa». No está claro cómo planea Trump supervisar Venezuela.
«Esta es una guerra colonial destinada a destruir nuestra forma republicana de gobierno, libremente elegida por nuestro pueblo, y a imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, incluidas las mayores reservas de petróleo del mundo», escribió el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, al Consejo de Seguridad de la ONU el sábado.
Dijo que Estados Unidos había violado la Carta fundacional de la ONU, que establece: «Todos los miembros se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado».
Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes…
La acción militar estadounidense de la noche constituye «un precedente peligroso», dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado.
«El Secretario General sigue enfatizando la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional», declaró Dujarric.
La administración Trump ha estado vigilando durante meses barcos sospechosos de narcotráfico en las costas de Venezuela y el Pacífico latinoamericano. Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región y anunció el bloqueo de todos los buques sujetos a sanciones estadounidenses, interceptando el mes pasado dos petroleros cargados con crudo venezolano.
En octubre, Estados Unidos justificó su acción como coherente con el Artículo 51 de la Carta fundacional de las Naciones Unidas, que requiere que el Consejo de Seguridad sea informado inmediatamente de cualquier acción que los Estados adopten en legítima defensa contra un ataque armado.
Guterres: «precedente peligroso»
El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, lo que podría tener «preocupantes implicaciones para la región».
Guterres dijo que los acontecimientos constituyen «un precedente peligroso», subrayó «la importancia del pleno respeto —por parte de todos— del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas» y pidió a las partes «entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho».
Comisión tilda de «ilegal», pero debe responder
«La ilegalidad del ataque» estadounidense en Venezuela no debe impedir que Nicolás Maduro responda por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad atribuidos a su gobierno, estimó el sábado una misión de la ONU.
Esta misión, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no habla oficialmente en nombre de la organización, señaló en un comunicado que es esencial garantizar que el Maduro responda por estas violaciones, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura.
«El prolongado historial del gobierno de Maduro en la comisión de graves violaciones de derechos humanos no justifica una intervención militar de los Estados Unidos que vulnere el derecho internacional», afirmó Alex Neve, experto miembro de la Misión de Determinación de los Hechos, citado en el comunicado.
«De igual modo, la ilegalidad del ataque estadounidense no disminuye en modo alguno la clara responsabilidad de los funcionarios venezolanos, incluido el señor Maduro, por años de represión y violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad. El pueblo venezolano necesita y merece soluciones que cumplan plenamente con el derecho internacional», agregó.
Advierte sobre represalias
«Dada la intervención militar de los Estados Unidos y la aprehensión de Nicolás Maduro, según lo indicado por la administración estadounidense, por cargos de ‘narcoterrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos’, la Misión subraya la necesidad de mantener el foco en las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana», secundó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.
La Misión expresó también su «profunda preocupación por el riesgo de que se produzcan nuevas y graves violaciones de derechos humanos en los próximos días y semanas, en un contexto de elevada volatilidad».


ACN/MAS/Agencias
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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