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¡Atroz! Lo que enfrenta un opositor en Rusia

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Consecuencias que enfrenta un opositor en Rusia
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Las consecuencias que enfrenta un opositor en Rusia, según testimonios de diversos historiadores y periodistas, plasmados en un reportaje del diario El País; realmente inspiran terror, miedo e indignación.

“Convertirte en líder de la oposición rusa es motivo más que suficiente para que cancelen la póliza de tu seguro de vida”; escribía el pasado 30 de agosto el periodista e historiador canadiense Gwynne Dyer.

Dyer, quien es todo un experto en la Rusia de Vladímir Putin, asegura que es cuestión de tiempo que se identifique la sustancia concreta; con la que los servicios secretos rusos trataron de envenenar hace apenas unos días al líder opositor Alekséi Navalny.

El canadiense expresa que dudar de la implicación en los hechos del líder ruso; sería ingenuo.

“Putin lleva veinte años ejecutando extrajudicialmente a sus adversarios, y el veneno suele ser su método preferido”, recalca.

Asimismo, asevera “es cierto que Borís Nemtsov fue asesinado a tiros mientras paseaba por los alrededores del Kremlin, hace cinco años; y que el propio Navalny se quedó parcialmente ciego de un ojo después de que le rociaran con desinfectante en 2017, pero la mayoría de las represalias y ejecuciones extrajudiciales del régimen ruso han sido en los últimos años por envenenamiento”.

 

Alekséi Navalny

Alekséi Navalny. Foto: Web

Consecuencias que enfrenta un opositor en Rusia

Cabe recordar, que Navalny enfermó súbitamente el 20 de agosto; tras tomarse una taza de té durante el vuelo que le llevaba de la ciudad siberiana de Tomsk a Moscú.

Fue trasladado a un hospital de Berlín el 21 de agosto y entró en coma inducido tres días después. El equipo médico que le está tratando en la ciudad alemana no duda que se le administró alguna sustancia tóxica; muy probablemente algún agente nervioso.

Dyer, indica que tirotear, apuñalar y, sobre todo, envenenar a disidentes, desertores; opositores y espías ha sido práctica habitual tanto en la Rusia zarista como en la Unión Soviética o en la Federación Rusa de Vladímir Putin.

El analista internacional Doug Klain lo atribuye a “una cultura de ejercicio del poder; que se basa en inspirar miedo a sus rivales y detractores”.

Para el Kremlin, “es crucial trasladar el mensaje de que actuará de manera expeditiva contra sus enemigos, aunque huyan al extranjero. Los perseguirá y los matará estén donde estén y sean las que sean las relaciones diplomáticas; entre Rusia y el país que les acoja”.

Esa tendencia a incurrir una y otra vez en crímenes de estado “es una constante en la historia rusa y no ha remitido en los últimos años”. Al contrario: “Hoy resulta más inquietante que nunca”, asegura.

Un pico incrustado en el cráneo

En sus años de plomo, entre el inicio de las purgas masivas, en 1934, y la muerte de Stalin en marzo de 1953, la Unión Soviética exterminó con absoluta impunidad a disidentes, rebeldes y presuntos traidores. Bastó con ajusticiarlos en la plaza pública o deportarlos al gulag siberiano; a lugares tan espantosos como el campo de trabajo de Solovkí, a orillas del Mar Blanco.

Pese a todo, uno de los crímenes de estado clandestinos más célebres de la era soviética se produjo precisamente en ese periodo. León Trotski, héroe en su día de la Revolución de Octubre, había sido expulsado de la Unión Soviética en 1929 tras llegar a un pacto tácito con Stalin: su supervivencia en el exilio dependía de que no criticase al nuevo régimen revolucionario. Trotski no hizo lo que se esperaba de él.

Se estableció en México; intentó aglutinar a la izquierda disidente en torno a la Cuarta Internacional y se convirtió en detractor encarnizado de la dictadura soviética.

Tras 11 años en el exilio, acabó siendo alcanzado por el puño de hierro de un Stalin.

El 20 de agosto de 1940, Trotski fue asesinado por el comunista español Ramón Mercader.

El método de ejecución elegido fue francamente cruel; Mercader propinó al político exiliado varios golpes con un piolet hasta incrustárselo en el cráneo.

Una inyección de ricina en la pantorrilla

38 años después el disidente búlgaro Georgi Markov fue ejecutado sin estridencias; con frialdad burocrática.

Bastó un pinchazo en la pantorrilla con una pistola de aire comprimido, camuflada, al parecer en la punta de un paraguas; para inyectarle una dosis letal de ricina.

Markov paseaba por los alrededores del puente de Waterloo, en el centro de Londres; cuando notó un leve contacto en la pierna al que no dio importancia.

Acudió como de costumbre a su trabajo en las oficinas del servicio internacional de la BBC. Tres días después estaba muerto.

La misma arma, bautizada por la prensa como «el paraguas búlgaro» fue utilizada meses más tarde en el metro de París; contra el exiliado ruso Vladimir Kostov.

Este enfermó de gravedad, pero sobrevivió al intento de asesinato. En su libro Amas químicas: la ciencia en manos del mal, René Pita afirma que también el escritor soviético Alexander Solzhenitsyn, en 1971; y el agente de la CIA Boris Korzack, en 1981, sufrieron intentos de asesinato con inyecciones de ricina, un veneno “discreto, que deja muy poca huella en los fluidos biológicos y suele provocar un paro cardíaco en cuestión de horas”.

Una dosis letal de dioxina

Tras el final de la Guerra Fría, la incipiente democracia rusa que presidió Borís Yeltsin dejó de recurrir de manera sistemática; a la guerra sucia y los crímenes de estado.

No se recuperó hasta la llegada a la presidencia de la Federación Rusa de Vladímir Putin, antiguo agente de la KGB. La FSB; la nueva agencia de seguridad federal fundada en 1995, tomó el relevo homicida borrando del mapa con métodos muy diversos a emires, guerrilleros y líderes separatistas chechenos o infiltrados como el agente de la CIA en el Cáucaso Rizvan Chitigov.

En septiembre de 2004, el candidato a la presidencia de Ucrania, Viktor Yushenko;  sufrió en plena campaña electoral una pancreatitis aguda, causada según los médicos por una infección viral.

En los días siguientes, al político ucraniano se le hinchó y deformó la cara y se le cuarteó la piel; tal y como ocurre en casos extremos de ictericia.

Un experto en toxicología determinó que había sido envenenado con dioxina; una sustancia de la que se le detectaron niveles en sangre hasta 6.000 superiores a lo habitual.

Yushenko acusó a las autoridades ucranianas de intento de asesinato con la complicidad y la asistencia de los servicios secretos rusos; pero la acusación nunca ha podido ser confirmada.

También en septiembre de 2004, fue envenenado Roman Tsepov, un hombre de negocios con conexiones mafiosas, amigo y confidente de Putin hasta mediados los 90; pero muy distanciado del jerarca ruso en los últimos años.

A Tsepov se le administró una sustancia radioactiva desconocida y falleció tras sufrir convulsiones violentas; vómitos, diarreas y una brusca caída de glóbulos blancos.

Té tóxico o radioactivo

En octubre de 2006, le llegó el turno a la periodista y activista Anna Politóvskaya; célebre por su denuncia de las atrocidades cometidas en Chechenia por el ejército ruso. Politóvskaya fue asesinada a tiros en el ascensor de su bloque de apartamentos, en el centro de Moscú.

Dos años antes había sido objeto de un más que probable intento de envenenamiento mientras volaba a Osetia del Norte para participar como mediadora; en la crisis de los rehenes de la escuela de Beslán.

En aquella primera ocasión, la periodista enfermó de gravedad tras tomarse un té negro en pleno vuelo. Entró en coma horas después, víctima de una probable intoxicación con mercurio; pero los médicos consiguieron salvarle la vida.

En noviembre de 2006, un desertor de la FSB refugiado en Londres, Alexander Litvinenko, probó en sus carnes la eficacia letal de un nuevo veneno; el polonio 210.

Litvinenko cayó enfermo pocas horas después de reunirse en el hotel Millenium con los exagentes de la KGB Dimitri Kotvun y Andréi Lugovói; dos viejos camaradas que habían asumido, al parecer, la tarea emponzoñar su taza de té con la sustancia tóxica. Distintas circunstancias, idénticos métodos.

Litvinenko sufrió una penosa agonía de varias semanas en el University College Hospital de Londres.

Antes de morir, el 3 de diciembre, tuvo tiempo de atar cabos y, según publicaba Luke Harding en The Guardian; “hacer conjeturas cruciales y resolver su propio asesinato”.

La escritora británica Agatha Christie decía que el cianuro hay que administrarlo con té; para disimular así su peculiar sabor a naranjas amargas.

Según el reportaje la FSB parece dispuesta a seguir el consejo de Christie incluso cuando se trata de intoxicar a sus víctimas con sustancias letales pero insípidas; como el mercurio o el polonio.

ACN/El País

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Internacional

Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)

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Estados demandan a Trump - Agencia Carabobeña de Noticias
Zohran Mamdani. alcalde Nueva York
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Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.

Estados demandan a administración Trump…

Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.

Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.

¿A qué se refiere?

La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.

La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas

La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.

Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.

Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»

La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.

Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.

“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.

“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.

ACN/MAS/CNN

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