El Congreso destituye a presidente José Jerí tras una moción de censura contra, cuatro meses después de que asumiera el cargo interino y a dos meses de las elecciones generales en Perú pautadas para abril. Es el octavo cambio de mandatario en casi una década de inestabilidad política en el país.
El pleno del legislativo aprobó la moción de censura con 75 votos a favor y 24 en contra. “La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de Presidente de la República”, dijo Fernando Rospigliosi, titular encargado del Congreso.
Ahora, los portavoces de las bancadas se reunirán para definir una lista de candidatos a la Presidencia del Congreso, para una votación legislativa de la que saldrá el próximo presidente interino. Rospigliosi añadió que el plazo para presentar las propuestas terminará este martes a las 6 p.m. (hora local) y que la elección se realizará en la sesión de este miércoles, también a las 6 p.m.
Jerí, de 39 años, asumió el cargo en octubre por ser el titular del Congreso cuando destituyeron a la presidenta Dina Boluarte, quien a su vez lideró el Ejecutivo desde la destitución y detención en 2022 de Pedro Castillo tras un año y medio de mandato.
El mandatario lo señalaron por sostener reuniones no oficiales con empresarios chinos, una de ellas encapuchado lo que llevó a la apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. El domingo, Jerí dijo que no acudiría a la sesión, argumentando que el procedimiento, a diferencia de una moción de vacancia, no le otorga un derecho a la defensa.
El último presidente de Perú que completó su mandato fue Ollanta Humala (2011-2016). Luego, Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 antes de una votación del Congreso; su vicepresidente, Martín Vizcarra, fue destituido en 2020; Manuel Merino asumió como presidente del Congreso pero duró cinco días en el cargo; y Francisco Sagasti completó el período. Posteriormente, Pedro Castillo asumió tras ganar las elecciones de 2021, antes de ser sucedido por Boluarte y Jerí.
Muchos de los actuales congresistas son candidatos para las legislativas de abril, por lo que se achica la lista de posibles aspirantes para completar el mandato hasta el 28 de julio, cuando asuma un nuevo presidente.
https://youtu.be/CjxLUJT6F9o
ACN/MAS&CNN
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Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.
Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.
El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.
Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.
“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.
“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
ACN/MAS/CNN
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