Las detenciones arbitrarias han alcanzado niveles alarmantes en Venezuela- denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones- en su mayoría dirigidas contra dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, trabajadores de la prensa, personas que fueron testigos de la oposición durante las elecciones o simplemente aquellos que se han atrevido a expresar un pensamiento contrario por redes sociales.

Las recientes detenciones así lo confirman, como es el caso del estudiante de medicina de la Universidad de Oriente (UDO), en el estado Bolívar.

Se trata de Virgilio Laverde, de 24 años de edad, quien fue detenido en las afueras de su residencia y, según información aportada por sus familiares, no existía una orden de aprehensión en su contra.

Este joven estudiante está a una semana de que se realicen los actos protocolares para recibir su título como médico cirujano, mientras que su detención es un reflejo de cómo se les viola el derecho a los estudiantes por alzar su voz y exigir un mejor futuro. 

Estas son las condiciones detenidos en protestas postelectorales

Otra situación alarmante es la constante amenaza contra los trabajadores de la prensa, lo que constituye un grave ataque a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos de estar informados.

Desde la celebración de las elecciones se han producido al menos siete aprehensiones en contra de periodistas y trabajadores de la prensa, los cuatro primeros fueron:

Yousner Alvarado en el estado Barinas; la reportera gráfica Deisy Peña en Miranda; el camarógrafo Paúl León, en el estado Trujillo; el periodista José Gregorio Camero en Guárico, y el periodista Roland Carreño en Caracas, quien resultó apresado por segunda vez. Las dos últimas fueron en contra de los periodistas Víctor Ugas, que enfrentaría su tercera detención, y Ana Carolina Guaita en el estado Vargas, de quien se desconoce su paradero.

Condiciones inhumanas

Son más de 1.500 personas detenidas, según  han podido verificar distintas organizaciones no gubernamentales, aunque según el propio Ministerio Público son más de 2.000 personas tras las rejas. 

Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos denunciado continua y sostenidamente el hacinamiento crítico en las cárceles de nuestro país, por lo que este tipo de prácticas inconstitucionales se han vuelto ley para el régimen y atentan contra las garantías judiciales establecidas en nuestra Carta Magna.

En ese sentido, «en el OVP sentimos una gran preocupación por las condiciones infrahumanas de reclusión en las que se encuentran todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente».

«Sabemos que a ninguno de estos ciudadanos/as les han practicado evaluaciones médicas o psicológicas, e incluso algunos padecen de ciertas patologías o discapacidad y no les garantizan el acceso a una atención médica digna y adecuada».

El acceso al agua potable en los recintos penitenciarios es nulo o lo poco que les llega no es apto para el consumo ni para asearse, la alimentación está basada en granos, arroz o arepas sin relleno, además no consumen frutas, verduras y mucho menos proteínas.

En cuanto a las personas que se encuentran en los calabozos policiales, son sometidos a compartir celdas totalmente hacinadas e insalubres, donde tienen que hacer sus necesidades en bolsas o potes plásticos, se ven obligados a dormir en el suelo o de pie, según la cantidad de detenidos en un mismo calabozo; mientras que la comida y el agua potable debe ser suministrada por los familiares.  

El común denominador en estas detenciones arbitrarias es la violación al derecho al debido proceso, pues ninguno de los aprehendidos ha tenido acceso a sus abogados de confianza y ni siquiera han podido comunicarse con sus familiares.

La opacidad de la información por parte del régimen también está a la orden del día, tanto así que no se sabe con certeza la cantidad de aprehendidos trasladados a centros penitenciarios y la cantidad de jóvenes enviados a centros de atención de adolescentes.

En tanto, los detenidos en algunas regiones de Venezuela están siendo trasladados a la ciudad de Caracas, sin explicación y sin que sus familiares sepan a dónde dirigirse.

Esto complica más su situación porque además se incrementan los gastos en los traslados de los familiares para realizar las visitas y proveer de insumos a sus seres queridos.

«Desde OVP exigimos la liberación inmediata y sin restricciones de todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria por el simple hecho de manifestar pacíficamente, aquellos que solo estaban en la puerta de su casa o caminando por alguna calle, o quienes simplemente fueron apresados por su pensamiento político». 

Con información de nota de prensa

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