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Condenan a hasta 15 años de cárcel a 9 manifestantes del 11J en Cuba

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Condenan a hasta 15 años de cárcel - noticiacn
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Condenan a hasta 15 años de cárcel a 9 manifestantes del 11 de julio en Cuba. El Tribunal Municipal de La Habana  condenó a 9 manifestantes de las protestas antigubernamentales (11J dde 2021); una nueva sentencia, a la que accedió EFE este sábado 28 de enero.

El fallo, publicado este jueves, encuentra culpables de un delito de sedición a las 9 personas juzgadas -todos varones de entre 25 y 39 años- y los vincula con las «acciones violentas»; que se sucedieron en aquella fecha en las inmediaciones de la popular Esquina de Toyo del municipio habanero de Diez de Octubre.

En este punto de La Habana se produjeron algunos de los incidentes violentos de unas protestas multitudinarias, espontáneas y eminentemente pacíficas; la sentencia -que no es firme y puede ser apelada- habla de lanzamiento de objetos contundentes contra la Policía y agresiones a agentes.

Condenan a hasta 15 años de cárcel a 9 manifestantes del 11 de julio en Cuba

Además de azuzar a otras personas para sumarse a la protesta y participar en acciones violentas; el tribunal afirmó que los acusados «esperaban formar una gran conglomeración siguiendo sus objetivos y orientaciones de los enemigos de la revolución en aras de derrocar el Gobierno constitucional socialista».

La defensa alegó por su parte en todos los casos que no se había producido el delito de sedición; la sentencia asegura que los hechos van más allá de los tipos de manifestación ilícita y desórdenes públicos.

Condenas suman 81 años

En total, las condenas suman 81 años de cárcel para 7 de los afectados y 10 años de «privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento» para los dos restantes; activistas y ONG criticaron estos juicios y denunciaron la fabricación de pruebas, la falta de garantías y las elevadas penas impuestas.

Los juicios por el 11J no son abiertos y los medios de comunicación internacionales no pueden acceder a los procesos; los medios oficiales en general no reportan sobre estos juicios. Diplomáticos y ONG pidieron sin éxito poder asistir.

Hace ahora un año, la Fiscalía General informó el procesamiento de 790 personas en relación a estas manifestaciones; 55 de ellos de entre 16 y 17 años (la edad penal mínima en Cuba son los 16).

Esta es la segunda sentencia

Esta es la segunda sentencia relativa al 11J que se publica en lo que va de mes; en la anterior, 15 personas fueron condenadas a hasta 13 años de cárcel.

Hasta el momento se han dictado unas 700 sentencias relacionadas con el 11J; según el registro que llevan organizaciones como Justicia 11J y Cubalex. De estos casos, algunas penas ascienden hasta los 30 años de cárcel por el delito de sedición.

Las protestas antigubernamentales del 11J, las mayores en décadas en Cuba, se produjeron en un contexto de grave crisis económica; por la conjunción de la pandemia; el endurecimiento de las sanciones de EE. UU. y los errores internos en política monetaria.

El ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera, mantuvo este enero un encuentro con embajadores de la Unión Europea donde desde el bloque comunitario llegó a plantearse el indulto de manifestantes del 11J; según pudo saber EFE.

ACN/MAS/EFE

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Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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