Internacional
La CIJ se declara competente en disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana
La Corte Internacional de Justicia, CIJ se declara competente en disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana, dándole la razón a la segunda para juzgar la validez del laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre ambas naciones; localizada en la región del Esequibo y en cuyas aguas adyacentes se han encontrado yacimientos de petróleo.
El alto tribunal de la ONU decidió, por doce votos a cuatro, que tiene jurisdicción para analizar “la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre”; dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.
La decisión supone una derrota diplomática para Venezuela; que rechazó participar en las vistas orales previas y ha defendido en todo momento que la disputa se resuelva de manera bilateral.
CIJ se declara competente en disputa limítrofe
La cuestión fronteriza se remonta a principios del siglo XIX, cuando Guyana era aún colonia británica, y tiene como elemento central un laudo arbitral que estableció la frontera entre ambos países y que Venezuela nunca aceptó; al considerar que los jueces fueron parciales y el proceso estuvo viciado.
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra; que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
La ONU intervino en 1990 y comenzó una diligencia de “buenos oficios” que se prolongó en 2016 y que “no condujo a la solución de la controversia”; dijo el juez Yusuf.
MULTIMEDIA: photos and videos of the reading of the Judgment of the #ICJ on the question of its jurisdiction in the case concerning the Arbitral Award of 3 October 1899 (#Guyana v. #Venezuela) are available here https://t.co/qnw99NHu5C pic.twitter.com/7zmtncgCE4
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) December 18, 2020
Recomendación de la ONU en 2018
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recomendó en 2018 que el que el caso se resolviese en la CIJ; razón por la cual Guyana le pidió al tribunal que se declarase competente.
Venezuela no se presentó a las vistas orales precedentes a la decisión de hoy; pero Caracas argumentó a través de su Ministerio de Exteriores que nunca ha dado su consentimiento a que el asunto se resuelva en la CIJ.
Sin embargo, el juez Yusuf dijo que en el Acuerdo de Ginebra consta que ambos países “confirieron al Secretario General de la ONU la autoridad para elegir; a través de una decisión vinculante, los métodos para la solución de su controversia”, y que entre los medios a su alcance estaba recurrir al tribunal con sede en La Haya.
Por otro lado, los jueces rechazaron de forma unánime que la CIJ tenga competencia para juzgar “reclamaciones de Guyana derivadas de hechos ocurridos después del acuerdo de Ginebra”; es decir, después de 1966.
Decisión dependerá de voluntad de los Estados
Una decisión final sobre la disputa podría alargarse varios años y su aplicación dependerá de la voluntad de los Estados; pues la CIJ no dispone de los medios para hacer cumplir sus sentencias.
La región del Esequibo, bajo soberanía de Georgetown actualmente, abarca un área de casi 160.000 kilómetros cuadrados; lo que supondría unas tres cuartas partes del territorio de Guyana.
La polémica se ha agudizado en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil descubriera, en 2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio.
Actualmente, la petrolera tiene oficinas en Guyana y negocia las condiciones para la extracción de los recursos.
Gobierno venezolano emitió decreto en 2015
El Gobierno de Nicolás Maduro emitió en 2015 un decreto presidencial con una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo.
En los mapas venezolanos, la región aparece como una parte más del país bolivariano; aunque en ocasiones se muestra como territorio en reclamación.
La Corte Internacional de Justicia, en el día de hoy #18Dic , decidió que no tiene jurisdicción para conocer el reclamo de Guyana contra Venezuela. pic.twitter.com/xRzfLzJ9FH
— constitucional.ucv (@ConstitucionalU) December 18, 2020
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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