Internacional
Chile suspendió el estado de excepción decretado tras el apagón
El gobierno de Chile suspendió el estado de excepción decretado tras el apagón masivo que se suscitó en ese país este martes. Para atender la emergencia, el Ejecutivo de Gabriel Boric decretó un toque de queda y un estado de excepción que, en términos generales, quedan ya anulados.
Así lo explicó ante los medios la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien indicó que espera que este miércoles sea ya «un día normal». El Gobierno tiene constancia de al menos 207 detenciones durante el toque de queda.
Asimismo, el Ejecutivo chileno anunció que está en marcha ya una «investigación profunda» para esclarecer las causas. Así como para determinar si son atribuibles a la interrupción, la muerte de tres personas que supuestamente requerían de conexiones eléctricas para poder seguir con vida.
Las autoridades dan ya prácticamente por recuperado el total del suministro. Este miércoles por la mañana el Ministerio del Interior elevaba al 94 por ciento el restablecimiento del servicio.
Chile suspendió el estado de excepción decretado tras el apagón y ahora investigará lo sucedido
Ahora el gobierno del presidente Gabriel Boric debe determinar cómo pudo ocurrir el que está ya considerado como el peor apagón de los últimos 15 años.
La ministra Tohá confirmó el inicio de una «investigación profunda» que podría generar sanciones contra actores implicados y en la introducción de «medidas correctivas». El presidente Boric apuntó que examinaría a las empresas «responsables» de lo que catalogó como «catástrofe» nacional.
El Gobierno examina la muerte de tres personas catalogadas de electrodependientes durante el corte de luz. Tohá admitió como «altamente probable» que exista una relación entre el evento y los fallecimientos.
La responsable de Interior destacó que los casos serán analizados «con total detención», mientras que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció exámenes forenses para determinar posibles responsabilidades.
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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