Internacional
Revocan aplicación CBP One para migrantes en EEUU
Más de 900.000 personas pudieron ingresar al país mediante la aplicación CBP One desde enero de 2023. Generalmente, se les permitía permanecer en Estados Unidos durante dos años con autorización para trabajar bajo una autoridad presidencial llamada permiso de permanencia temporal.
“La cancelación de estos permisos de permanencia temporal es una promesa cumplida al pueblo estadounidense de asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional”. Declaró la unidad de Prensa del Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a preguntas.
Las autoridades confirmaron que se enviaron notificaciones de cancelación a los beneficiarios de CBP One. Pero no especificaron cuántos. Se les instó a abandonar el país voluntariamente utilizando la misma aplicación que usaron para ingresar, ahora llamada CBP Home.
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EEUU revocó estatus legal de migrantes de aplicación CBP One
“Es hora de que abandonen Estados Unidos”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional a una familia hondureña que ingresó a Estados Unidos a finales del año pasado. Associated Press revisó el correo electrónico recibido el domingo. Otros compartieron el mismo correo electrónico en redes sociales.
Al Otro Lado, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a migrantes, indicó que algunas de las personas que recibieron las cartas de revocación provienen de Honduras, El Salvador y México.
CBP One fue una pieza clave de la estrategia de la administración Biden para crear y ampliar las vías legales para ingresar a Estados Unidos, en un intento por desalentar los cruces fronterizos ilegales. Para finales de diciembre, se había permitido el ingreso de 936.500 personas con citas de CBP One en los cruces fronterizos con México. El presidente Donald Trump canceló CBP One para nuevos residentes en su primer día de mandato, dejando varados en México a miles de personas que tenían citas hasta principios de febrero.
«Agravó aun más la peor crisis fronteriza»
Asimismo, Trump ha cancelado y revocado el estatus temporal para muchos de los beneficiarios de las políticas de Biden. El Departamento de Seguridad Nacional declaró este lunes que el uso de la autoridad para otorgar permisos de permanencia temporal por parte de Biden —más que cualquier otro presidente desde su creación en 1952— “agravó aún más la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos”.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el mes pasado la revocación de otra forma de permiso de permanencia temporal para 532.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que viajaron al país por cuenta propia con un patrocinador financiero. Esta medida finaliza el 24 de abril.
La administración Trump también anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 600.000 venezolanos y unos 500.000 haitianos. Aunque un juez federal lo detuvo temporalmente. Incluyendo el de unos 350.000 venezolanos que tenían previsto perder el TPS el lunes.
El TPS se otorga en periodos de 18 meses a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos y cuyos países se consideran inseguros para regresar debido a desastres naturales o conflictos civiles.</p>
ACN/MAS/AP
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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