El Gobierno de España exigió cárcel para los homicidas del capitán de corbeta Rafael Acosta, quien murió mientras estaba bajo custodia de la Dgcim.

El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, instó a la Unión Europea a imponer sanciones selectivas contra los responsables. «Han ocurrido muertes trágicas de personas detenidas bajo el control de la Policía política venezolana. El embajador de Venezuela en España ha sido llamado para que diera explicaciones. Hemos planteado la necesidad de establecer sanciones contra las personas responsables de dichos actos», indicó Borrell.

Además el canciller español defendió medidas restrictivas «para las personas que se han visto involucradas en lo que podemos llamar torturas seguidas de muerte de una persona». «Si están identificadas, hay que establecer sanciones contra ellas», recalcó.

El Capitán de corbeta fue sepultado diez días después de su deceso en un entierro controlado. La familia no pudo realizarle un velorio.

El ministro se refirió al capitán Acosta Arévalo, a quien detuvieron el pasado 21 de junio por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Ocho días después lo trasladaron en silla de ruedas a los tribunales. Al día siguiente murió en el hospitalito de Fuerte Tiuna. La Fiscalía imputó a dos militares y los acusó por el delito de homicidio calificado.

Entierro controlado

Según sus abogados, al militar lo torturaron. La última vez que se le vio con vida, cuando lo presentaron ante el tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar. Un grupo de policías trasladó el cuerpo al camposanto. Allí procedieron a efectuar el entierro express.

«Al mismo tiempo, han ocurrido acontecimientos dramáticos, individuales, provocados por individuos concretos. Tienen que ser objeto de una respuesta sancionadora por parte de la comunidad internacional», recalcó.

El ministro Borrell señaló también que respalda el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

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