El caso de TPS para venezolanos podría ir a tribunales en EE.UU., luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar su extensión. Así lo considera Matt Adams, director legal de la organización sin fines de lucro Northwest Immigrant Rights Project. La retirada de la extensión del Estatus de Protección Especial (TPS, por sus siglas en inglés) para una comunidad de alrededor de 600.000 venezolanos, podría terminar disputándose en los tribunales.

Hace dos días, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que el Gobierno de Donald Trump decidió revocar las protecciones extendidas para los venezolanos.

En este sentido, Adams explica que “los venezolanos con TPS tienen una base muy fuerte para seguir en Estados Unidos con su permiso de trabajo. Trump puede decir una cosa, pero eso no quiere decir que sea lo que vaya a suceder”.

Para Adams, “seguramente habrá una demanda en contra de la decisión porque existen argumentos muy fuertes que impiden a Trump deshacer lo que ya hizo su antecesor”.

Al respecto, -dice- que cualquier acción judicial contra la medida deberá esperar el plazo (5 de febrero) para que se confirme, se cambie o se establezcan nuevas condiciones.

Caso de TPS para venezolanos podría ir a tribunales, mientras, beneficiarios siguen protegidos

Por su parte, el abogado constitucionalista, Rafael Peñalver, se refirió al riesgo de deportación de los venezolanos afectados. Al respecto, indicó que “mientras el TPS no haya expirado, y el caso no se defina en los tribunales, los beneficiados siguen protegidos”.

A su juicio, el tono antiinmigrante con el que actúa el actual Gobierno está poniendo en entredicho el Estado de derecho. “Se está perdiendo el concepto de lo que es legal, de lo que es constitucional. La Administración de Trump está actuando como un régimen autoritario donde no hay parámetros que lo frenen”.

Vale destacar, que la orden ejecutiva acerca del TPS para venezolanos, no elimina el beneficio, lo que establece es la revocatoria de la extensión por 18 meses, tal como lo aprobó a diez días antes de concluir su mandato el presidente Joe Biden.