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Brasil declaró persona «non grata» a embajador de Venezuela

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El Gobierno brasileño declaró como “persona non grata” al responsable por la embajada de Venezuela en Brasilia, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, en reciprocidad por la misma decisión de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana con respecto al embajador de Brasil en Caracas.

La medida obliga a Delgado Maldonado, que es el encargado de negocios de Venezuela en Brasil, a abandonar el país en un plazo de 72 horas, informó un vocero de la cancillería brasileña.

«Se trata de una decisión adoptada por simple reciprocidad”, dijo el vocero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño anunció el viernes que había tomado conocimiento de que su embajador en Caracas fue declarado “persona non grata” y que tan sólo esperaba una comunicación oficial para adoptar la misma medida.

En este sentido, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, anunció el pasado sábado la declaración de  “persona non grata” al Encargado de Negocios de la Embajada de Canadá y al Embajador de Brasil, Ruy Carlos Pereira, porque a su juicio, se “entrometen” en los asuntos internos de Venezuela.

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Las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron congeladas en agosto de 2016 tras el impeachment que destituyó en Brasil a la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) y llevó al poder al actual mandatario Michel Temer.

ACN/EFE/El Universal

Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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