Amnistía Internacional (AI) presentó un nuevo, lapidario y demoledor informe sobre Venezuela que descubre más de 200 asesinatos selectivos ocurridos en 2019.

AI, la prestigiosa oenegé con presencia en más de 150 países, divulgó el su más reciente dossier donde se documentan casos de violaciones de derechos humanos. La investigación se denomina Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Las pesquisas ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y lesiones por uso excesivo de la fuerza. Todas ellas forman parte de un patrón común. Por ahora el gobierno nacional no se ha pronunciado respecto a la investigación.

Como consecuencia exhorta a los gobiernos latinoamericanos “genuinamente preocupados” a respaldar a las desvalidas familias.

“Hacemos un llamado a los gobiernos de la región para que activen sus mecanismos de jurisdicción universal. Es decir, que permitan que sus tribunales nacionales puedan conocer de estos crímenes de derecho internacional de modo que se pueda traer a los perpetradores ante la justicia”, aseveró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Homicidios documentados

«Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional», dijo la activista.

De acuerdo con el organismo, los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en enero fueron llevados a cabo consistentemente en casi todo el país. Las mismas se produjeron con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. No sucedieron al azar ni de forma aislada. Formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.

Además, “todos fallecieron por herida provocada por proyectil de arma de fuego en la zona torácica, y fueron ejecutados mientras se encontraban sometidos por la autoridad. Algunos de ellos fueron torturados previamente a su muerte. Luego de ejecutarlos, la autoridad los presentó públicamente como delincuentes que habían muerto en enfrentamientos, y les inició investigaciones penales por “resistencia a la autoridad”.

Destaca AI que las escenas de los crímenes las contaminaron y alteraron de manera deliberada con la intención de encubrir los hechos. Incluso a los cadáveres los manipularon. Les llama la atención que el organismo responsable es la Policía Nacional Bolivariana a través del cuerpo élite conocido como el FAES.

Crímenes de lesa humanidad

«Las autoridades hasta el más alto nivel, incluido Nicolás Maduro, supieron de estos crímenes, públicos y notorios. Y no hicieron nada para impedirlos. Esto es encubrimiento. Llamamos a todos los Estados para que demuestren su respaldo incuestionable a las víctimas y no dejen impunes estos delitos. La comunidad internacional debe hacer esfuerzos mayores ante esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela», dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Una cadena de indicios y similitudes en las muertes permiten a los investigadores de AI a establecer que se trata de crímenes de lesa humanidad. Por ello exhortan a la justicia internacional pronunciarse mediante unas diligencias imparciales e independientes.

De igual forma el informe recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Además sugirió la activación de la jurisdicción universal.

Patrones comunes

Se presentó como ejemplo, el caso de cuatro adolescentes detenidos en el estado Yaracuy. Ninguno fue presentado ante el órgano de control judicial en el plazo legal. Sin embargo, se les privó de la libertad durante varios días sin que existieran pruebas suficientes para ello. Días después, la juez a cargo de su causa denunció en redes sociales que la razón de su resolución. Indicó que la presionaron y amenazaron de muerte para inculpar a los menores.

“La comunidad internacional debe hacer esfuerzos mayores. Enfrentar esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela”, indicó Mariela Belski. Asimismo concluye que la falta de investigación de estos asesinatos ocurridos en enero de 2019, «no fueron hechos azarosos». Por el contrario, «formaron parte de un ataque conformado por múltiples actos de violencia. Estuvieron planeados y dirigidos contra una población civil distinguible: aquellas personas opositoras o percibidas como tal por el gobierno».

“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas, alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dijo Erika Guevara Rosas.

Investigaciones in situ

Amnistía Internacional llevó a cabo una misión de investigación en febrero de este año. Se entrevistó con decenas de víctimas entre el 21 al 25 de enero. En ese lapso tuvieron lugar manifestaciones masivas en todo el país.

El dossier refiere que del 21 al 25 de enero, en 12 estados, al menos 47 personas murieron en protestas. Todos los agraviados cayeron al ser impactados por armas de fuego. Por lo menos 33 de estas personas murieron a manos de agentes de las fuerzas del Estado. A otros seis los asesinaronr terceros (llamados colectivos) actuando con la aquiescencia de las autoridades durante las manifestaciones. Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional documentó en profundidad seis casos, recogidos en este informe.

A lo largo de esos cinco días, detuvieron a más de 900 personas de forma arbitraria en todos los estados. Estas detenciones arbitrarias incluyeron a niños, niñas y adolescentes. Se calcula que aproximadamente 770 ocurrieron en un solo día. Es decir, el 23 de enero, fecha en la que se convocaron manifestaciones en toda Venezuela.

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