Internacional
Analista mexicana Denise Dresser demanda a López Obrador por difamaciones
Por «asesinato verbal» la analista mexicana Denise Dresser demandó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por las difamaciones vertidas contra su persona en las ruedas de prensa diarias del mandatario, conocidas como «mañaneras».
«En septiembre metí una demanda de amparo por la violación de mis -y nuestros derechos- ante el Poder Judicial de la Federación. Estoy litigando contra el presidente y lo seguiré haciendo»; escribió Dresser este lunes en una columna publicada en el diario Reforma bajo el título «Demandé a AMLO».
Sin embargo, puntualizó que la jueza que recibió su denuncia pidió una licencia médica y que, seis meses después, la «secretaria en funciones» emitió una sentencia «ridícula»; que desestimaba su derecho a ampararse porque las ruedas de prensa del presidente no constituyen actos de autoridad.
Por «asesinato verbal» Denise Dresser demanda a AMLO
Por ello, aseguró que recientemente entregó un recurso de revisión que presumiblemente acabará en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y que, deseó, llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La politóloga dijo ser víctima de un «asesinato verbal» después de haber sido mencionada 87 veces en las ruedas de prensa diarias de López Obrador; criticadas por asociaciones internacionales por los ataques contra la prensa que ahí realiza el presidente.
Dresser subrayó que, a través de menciones mentirosas sobre ella, como cuando le llamó «agente de un gobierno extranjero», está violando sus derechos; al «inhibir la libertad de expresión» por el efecto «intimidatorio» que tienen sus declaraciones.
«Demandé a AMLO porque no cuento con mecanismos que me permitan contra-argumentar o defenderme, y ningún otro difamado o difamada tampoco»; incidió en su columna.
Tiene derecho a réplica
Pero, expuso, la sentencia emitida reconoce que sí tiene derecho a réplica, aunque establece que lo dicho por el presidente son «simples opiniones».
«Para ejercer ese derecho conforme a la ley, AMLO tendría que darme 87 días consecutivos para ir ahí, plantarme en la plataforma a su lado, usar la pantalla, y presentar mis contra-argumentos a sus injurias»; indicó Dresser.
Además, agregó que en la resolución judicial aplicaron de manera retroactiva la nueva Ley de Comunicación Social, que forma parte de la reforma electoral conocida como «Plan B»; que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de febrero.
Esta reforma legislativa expone, a juicio de la analista, que las mañaneras «no constituyen una campaña gubernamental» y que los funcionarios puedan decir «lo que quieran, cuando quieran» sin que eso constituya un acto de «propaganda».
Apoyada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico, quien apoya a Dresser en el proceso judicial, explicó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que buscan probar «el efecto inhibidor a la libertad de expresión derivado de la presión a periodistas, comunicadores, jueces, etc., por las menciones en las mañaneras».
Pese a desaprobar la sentencia emitida por la jueza el pasado 9 de febrero; la institución destacó que la resolución reconoce el derecho a réplica ante las mañaneras.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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