Internacional
Agencia de noticias AP demanda a tres altos funcionarios del gobierno de Trump
La agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) presentó este viernes una demanda contra tres altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump. AP alega que les violentaron el derecho de libertad de prensa y de expresión consagrados en la Constitución de Estados Unidos.
La demanda solicita a un juez pronunciarse de emergencia. Esto luego de que la Casa Blanca dijo que restringirá de manera indefinida el paso de periodistas de AP a eventos y coberturas relacionadas al Gobierno.
La Administración argumenta que se «reserva» el supuesto derecho de excluir a los periodistas, según ha dicho la secretaria de prensa Karoline Leavitt (una de las tres funcionarias nombradas en la demanda).
AP demanda a funcionarios de Trump
Esto, porque la segunda Administración Trump rechaza que AP ha indicado que seguirá usando el término golfo de México además del de gulf of America o golfo de Estados Unidos, como Trump quiere que se renombre en territorio estadounidense al cuerpo de agua internacional.
«La prensa y todo el pueblo de Estados Unidos tienen el derecho de decidir qué palabras usar sin sufrir por ello represalias del Gobierno. La Constitución no le permite al Gobierno controlar qué se puede decir. Y permitirle hacerlo o tomar represalias por eso amenaza todas las libertades de todos los estadounidenses», indica la moción legal presentada este viernes.
Además de Leavitt, la demanda es contra Susan Wiles, la jefa de Gabinete, y Taylor Budowich, encargado de la vicejefatura del Gabinete.
La demanda indica que la corte de distrito en Washington D.C. necesita «remediar» de inmediato el bloqueo a los periodistas. Indica que se trata de un «ataque dirigido contra la independencia editorial de la AP y su capacidad de recopilar y reportar las noticias. Atentando contra los cimientos de la Primera Enmienda».
AP no dejará de usar el nombre golfo de México
La AP anunció a finales de enero que, dado que es una agencia global, no dejará de usar el nombre golfo de México en su cobertura porque fuera de Estados Unidos así es como todos lo conocen. Sin embargo, la AP también dijo que en sus noticias de cualquier manera mencionará que, dentro de Estados Unidos, sí se ha ordenado llamar gulf of America al golfo.
Tras esta postura, la Casa Blanca procedió en respuesta a dejar de permitir que periodistas de la AP formaran parte del grupo de medios que conforman el pool. Un grupo de múltiples medios noticiosos que cubren a diario las andanzas presidenciales. Ya sea en la residencia oficial, en los despachos, en visitas internacionales o a bordo del avión Air Force One. La AP formó parte del pool de la Casa Blanca desde que lo establecieron hace un siglo.
Wiles, la jefa de gabinete, dijo que la acción en contra de AP se debe a que su manual de estilo es usado a nivel mundial como referencia por medios, universidades y más.
Además de la demanda, esta semana una coalición de 40 medios —incluyendo algunos cuya línea editorial es de derecha y tiende a ser afín a Trump, como Fox News y Newsmax— firmaron una carta dirigida a la Casa Blanca pidiéndole que revierta su decisión de bloquearle accesos a la AP.
Con información de: Telemundo
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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