La Asamblea Nacional, AN aprobó nueva Ley de Minas este jueves 9 de abril que se espera abra el sector a la inversión privada y extranjera, tras la flexibilización de las restricciones impuestas por Estados Unidos para impulsar la inversión extranjera en la maltrecha economía.

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha respaldado una serie de medidas de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para atraer inversionistas y estabilizar el país desde la ofensiva de enero en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro. Trump ha elogiado repetidamente a Rodríguez por cooperar con Estados Unidos.

AN aprobó nueva Ley de Minas

La ley deroga las regulaciones mineras de 1999 y 2015 y autoriza a empresas o consorcios nacionales, extranjeros, estatales y privados a explotar oro y «minerales estratégicos». Las concesiones tendrán una duración máxima de 30 años, pero podrán prorrogarse hasta por dos períodos de 10 años.

La Administración Trump se ha mostrado optimista con respecto al proyecto de ley, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, afirmó durante una visita en marzo que creará oportunidades para las empresas y que Rodríguez ha prometido garantizar la seguridad de las compañías mineras.

¿Qué implica y a quién favorece?

El segundo debate necesario para su aprobación tardó cuatro sesiones, incluida la de este jueves, para aprobar esta norma, que tiene un total de 131 artículos y deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, quien tenía poderes especiales otorgados por el Legislativo.

La ley abre la puerta en sus primeros doce artículos a la inversión privada y extranjera, así como a la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos.

Con esta reforma, el chavismo deshace algunos de los principios o líneas rojas establecidas a partir de la nacionalización de la industria petrolera y de minería durante la gestión de Chávez: la propiedad exclusiva del Estado sobre los recursos naturales y sus derechos de explotación; temas que luego llegaron a ser tabú para el Gobierno venezolano.

En el artículo 74 de la nueva norma, se establece que ningún funcionario del Estado ni sus familiares podrán obtener títulos a los que se refiere esta ley, ni podrán participar como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles para adquirir títulos mineros hasta que no hayan transcurrido cinco años desde el cese del ejercicio de su cargo.

¿Qué pasa con el oro venezolano?

La nueva norma establece que el Banco Central de Venezuela «tiene el derecho preferente para la compra del mineral oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera ejercida en el territorio nacional», de acuerdo con la ley.

Por otra parte, en el artículo 91, se indica que el pago de regalías al Estado venezolano es de hasta 13% sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final. De acuerdo con este artículo, el ministerio con competencia en minería será el encargado de determinar los «parámetros necesarios» para determinar estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir «en dinero o en especie».

Asimismo, destaca el artículo 36, que indica que el Estado, «por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos».

En el artículo 124 se señala que en el caso de que las actividades mineras sean desarrolladas en áreas bajo régimen de administración especial de protección ambiental, se aplicará una pena de 10 a 15 años de prisión.

ACN/MAS/AFP

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