Internacional
Ampliar sanciones contra altos funcionarios venezolanos acordó Congreso español
Ampliar sanciones contra altos funcionarios venezolanos acordó Congreso español: El pleno del Congreso de los Diputados españoles aprobó este jueves una moción en la que se insta al Gobierno de ese país a seguir ejerciendo el liderazgo en la Unión Europea (UE) en la defensa de los derechos humanos y las libertades en Venezuela. La moción acordada entre Ciudadanos y el PP se ha aprobado con 164 votos a favor, 79 en contra y 94 abstenciones.
La moción con las sanciones fue aprobada con los votos a favor del gobernante PP (centroderecha) y Ciudadanos (liberales), la abstención del PSOE (socialistas) y el voto en contra de Podemos (izquierda), reseñó Efe.
En la resolución se insta al Ejecutivo de Madrid a no reconocer la convocatoria de las elecciones presidenciales de mayo en Venezuela «por carecer de las mínimas garantías democráticas y por la falta de un calendario y unas condiciones de libre competencia electoral acordadas entre gobierno y oposición» y, en consecuencia, no reconocer sus resultados.
Asimismo, se recomienda la ampliación de sanciones específicas a altos cargos venezolanos en el seno de la UE «debido a la ruptura de los principios democráticos y el Estado de Derecho» y por los «actos de corrupción, la represión de la oposición y la sociedad civil y las violaciones graves de los derechos humanos», según explicó luego el diputado liberal Fernando Maura.
El PSOE decidió abstenerse porque, según su portavoz de Exteriores, Ignacio Sánchez Amor, el texto de la iniciativa, en los términos en que se ha votado, «no contribuye en la medida que debería a que España ayude a encauzar la actual situación».
En el texto que proponían los socialistas se consideraba que las elecciones presidenciales «deben enmarcarse en el contexto del diálogo nacional con las fuerzas políticas, de modo que se cumplan unas condiciones de participación equitativas justas y transparentes».
Eso implicaba, para los socialistas, la liberación de los denominados presos políticos y la supresión de las prohibiciones sobre políticos de la oposición y por la composición equilibrada e imparcial de los órganos de la administración electoral encargados del desarrollo de los comicios.
El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, José Ramón García Hernández, aseguró que las elecciones del 20 de mayo, «convocadas ilegalmente, carecen de todas las garantías democráticas que tienen que tener unas elecciones» y ha hecho hincapié en que Venezuela «debe tener unas elecciones libres, transparentes y absolutamente democráticas».
La moción acordada entre Ciudadanos y el PP se ha aprobado con 164 votos a favor, 79 en contra y 94 abstenciones.
En el texto de la moción se hace también un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que revierta su decisión de declarar persona non grata al embajador de España, en aras de una normalización de las relaciones diplomáticas.
La iniciativa solicita al Ejecutivo de Maduro que implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional.
ACN/EFE/diarios
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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