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Miles de brasileños gritan «Fuera Bolsonaro» tras escándalo de las vacunas

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Al grito «fuera Bolsonaro», miles de personas tomaron las calles de Brasil ayer para exigir la destitución del presidente, investigado por supuestas irregularidades con vacunas contra la covid-19; que ya mató a más de 520.000 personas en el país.

Las manifestaciones transcurrieron en forma pacífica, ocuparon las calles de cientos de ciudades del país y tuvieron como principal consigna el grito «Fuera Bolsonaro»; que los últimos días ha unido a partidos del arco progresista y a grupos conservadores, que pasaron a engrosar la oposición a la ultraderecha que encarna el gobernante.

Las crecientes sospechas de corrupción en la compra de vacunas, que serán investigadas por la Fiscalía General; el negacionismo de Bolsonaro ante una pandemia que ya mató a más de 520.000 brasileños; llevaron a la oposición de izquierda y derecha a oficializar ante la Cámara de Diputados un pedido de destitución del presidente.

Las manifestaciones más multitudinarias ocurrieron en Sao Paulo, la ciudad más poblada del país y la más golpeada por la pandemia; Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte y también en Brasilia; donde la protesta se concentró ante la sede del Congreso, para reforzar la presión por un juicio político contra Bolsonaro.

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Al grito «fuera Bolsonaro»

Las sospechas con las vacunas pasan sobre todo por la Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech; un contrato de intención de compra negociado con un «intermediario» local ya investigado desde 2017, por «venderle» al Gobierno un lote de medicamentos que jamás entregó.

Además, se comprobó la existencia de un acuerdo paralelo, según el cual parte de los 320 millones de dólares que Brasil pagaría por esas vacunas; sería dirigido a una empresa con sede en Singapur que no figuraba en el contrato.

Una comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia por parte del negacionista Gobierno de Bolsonaro dice tener pruebas de que el mandatario ignoró informaciones que le fueron dadas por un diputado oficialista sobre irregularidades en esa operación; que fue suspendida sólo cuando se revelaron esas sospechas.

Por ese asunto, la Corte Suprema autorizó a la Fiscalía General a abrir una investigación penal contra Bolsonaro; que hasta pudiera costarle el poder si se comprueba que incurrió en delitos.

Más allá de la Covaxin, esta semana surgió un cabo de la Policía, admirador de Bolsonaro; que confesó haber intentado venderle al Gobierno 400 millones de dosis de la vacuna de Astrazeneca; pero que finalmente suspendió el negocio cuando un director del Ministerio de Salud le pidió comisiones equivalentes a un dólar por unidad.

El funcionario acusado de exigir la coima fue destituido y la denuncia del rocambolesco negocio del cabo Luiz Dominguetti; que la propia Astrazeneca confirmó que era falso, pudiera ser anexada a las investigaciones sobre las vacunas anticovid, que hasta principios de este año el Gobierno se negaba a adquirir.

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En caída libre

Las manifestaciones contra Bolsonaro han crecido en las últimas semanas; al tiempo que la imagen del gobernante ha sido horadada por las sospechas con las vacunas y la investigación del Senado sobre la responsabilidad del Gobierno en el descontrol de la pandemia.

Según una reciente encuesta del instituto Ipec, la reprobación al Gobierno pasó del 39% que tenía en febrero al actual 50%; el mismo sondeo mostró un dato más que preocupante para el futuro de Bolsonaro, quien aspira a renovar su mandato en las elecciones de octubre del año próximo.

De acuerdo al Ipec, si los comicios fueran hoy, el exmandatario progresista Luiz Inácio Lula da Silva sería elegido ya en la primera vuelta con un 49%, frente al 26% que obtendría Bolsonaro; quien en los últimos días ha calificado las encuestas de «mentira» y alertado a sus seguidores de que está en marcha un «fraude» para 2022.

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ACN/MAS/EFE

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Exfiscal venezolano advierte que el fallo migratorio en EE. UU. no elimina el riesgo de persecución para los solicitantes de asilo

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La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés) determinó en el fallo Matter of A-E-V-M- que la salida del poder de Nicolás Maduro y la transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio en las condiciones del país que debe ponderarse al evaluar el temor fundado de persecución en las solicitudes de asilo.

Ante esta resolución, el exfiscal especializado en el sistema de justicia penal venezolano y fundador del Latino Institute for Security Efficiency (LISE), Rolnar Sanabria, aclaró que la medida no debe interpretarse como el cierre automático de los expedientes de los ciudadanos venezolanos.

«La Junta fue clara en algo que como exfiscal puedo confirmar desde adentro: la salida de Maduro cambió el liderazgo, pero no desmontó el aparato. Las instituciones, los cuerpos de seguridad y los funcionarios que sostenían la persecución política siguen, en su mayoría, en sus puestos», explicó Sanabria.

Por tal motivo, el especialista destacó que la BIA ordenó una evaluación individualizada de cada caso para verificar si las estructuras de persecución mantienen la capacidad y la intención de actuar contra los solicitantes.

Sanabria vinculó esta decisión con el contexto actual de Venezuela, donde persisten los encarcelamientos por motivos políticos y se desarrolla un proceso de diálogo entre sectores del chavismo remanente y la oposición para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Mientras el TSJ y la Fiscalía no se reformen a fondo, la maquinaria que perseguía a opositores sigue teniendo el mismo marco legal para operar. Eso es exactamente lo que un abogado de inmigración necesita documentar en cada caso individual», enfatizó.

Récord de rechazos y mayor escrutinio probatorio
El dictamen se produce en un escenario complejo para los peticionarios venezolanos. De acuerdo con datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), las cortes de inmigración estadounidenses denegaron el 94,1 % de las solicitudes de asilo decididas en junio de 2026, alcanzando una tasa de aprobación de apenas el 5,5 %.

«Con una tasa de aprobación de un solo dígito, cada elemento probatorio del expediente cuenta. No hay margen para un documento débil o una prueba de país insuficiente», advirtió el exfiscal.

A este panorama se suma una directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitida por su asesor jurídico principal, James Percival, la cual instruye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a perseguir con mayor rigor el fraude documental en los expedientes de asilo, estableciendo sanciones para solicitantes, abogados y preparadores de documentos. «Hoy el escrutinio recae tanto sobre el documento como sobre quien lo certifica. Un caso de asilo venezolano bien fundamentado necesita que la evidencia documental resista ese nivel de revisión, no solo que exista», concluyó Sanabria.

 

 

Con información de nota de prensa

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