Aberraciones del socialismo del siglo XXI: Por Luis Fuenmayor Toro.-  Que un niño de 16 años, estudiante del último año de bachillerato, por estar ayudando a su madre en la compra de dos bombonas de gas domiciliario, pierda su visión en ambos ojos debido a una acción brutal de la policía, que le disparó perdigones directamente a la cara, a quema ropa, es algo, además de inmensamente lamentable y escalofriante, abominable y condenable tanto o más que un asesinato y que pone en evidencia, sin lugar a dudas, la política represiva anti popular del régimen vigente, dejando completamente desnuda su esencia cruel, tanto interna como externamente.

No existen excusas ni explicaciones que puedan siquiera hacer entender la acción bárbara sucedida, como consecuencia de una agresión inhumana de unos agentes policiales contra niños y mujeres, que trataban de procurarse un servicio indispensable en los hogares venezolanos y que aparentemente protestaban sin violencia ninguna al no recibir ninguna respuesta a sus requerimientos.

¿Qué pudo transformar en unos monstruos a estos agentes del orden público, cuya función es la de proteger a la ciudadanía y garantizarle el libre ejercicio de sus derechos? ¿Cómo llegaron a este tipo de depravación, que descubre el mal estado de sus mentes y de la institución policial como un todo? ¿Qué tipo de entrenamiento reciben para llevarlos a cometer este tipo de delitos?

El lavado de cerebro tiene que haber sido muy intenso y efectivo, de manera de convertir en hienas a seres humanos, que dejan ciego a un adolescente que no sólo ayudaba a su madre y que no podía significar ningún peligro para nadie. Tampoco era peligroso su hermano de 14 años, quien también fue agredido por la depravación hecha fuerza pública. A Rufo Chacón le desgraciaron la vida, al igual que hicieron con su madre y toda su familia. Su tragedia no tiene nombre, es inaudita y es imposible llegar a sentirla como la sienten ellos… Como la seguirán sintiendo por mucho tiempo y tal vez por toda la vida.

Pero hacía muy pocas horas, otro venezolano, no tan joven, había sido vilmente torturado hasta morir en ese antro de perversiones criminales y de delincuentes depravados, que llaman pomposamente el DGCIM. Esta vez un militar, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo muere, como consecuencia de las lesiones generadas por los aberrantes castigos recibidos, enfrente de toda la cadena represiva militar venezolana: torturadores, carceleros, alguaciles, fiscales, abogados y el propio juez militar.

Hasta el tribunal llega en silla de ruedas al no poder caminar y sólo atina a pedir auxilio y a denunciar que fue torturado, como últimos actos conscientes. Es tan deplorable su estado, que el juez ordena su urgente traslado al hospital correspondiente, donde muere en forma inmediata. Y no se entiende cómo es que sus torturadores y carceleros lo envían a su audiencia en estado semicomatoso, ni cómo lo reciben y trasladan quienes lo hicieron.

¿Es este torturador despiadado y asesino el hombre nuevo de que tanto hablaba Chávez? ¿Son también los monstruos policiales producto de esta aberración que llaman socialismo del siglo XXI? La podredumbre humana de los cuerpos de seguridad, de sus efectivos, de sus jefes inmediatos y mediatos es claramente generalizada, tiene carácter nacional, ocurre en Caracas, pero también en Táchira y en el estado Bolívar y en prácticamente cualquier sitio de Venezuela.

Las políticas de quienes nos subyugan de manera indolente han extendido sus realizaciones a todo el país y a todas las instituciones policiales nacionales, regionales y locales. La putrefacción es en el DGCIM, órgano represivo del sector militar; pero también está presente en el SEBIN, la policía política del régimen, quien fue hace 8 meses estremecido por el homicidio “suicidizado” del concejal Fernando Albán, cuya investigación quedó como promesa cobardemente incumplida por todo el alto gobierno.

Pero es también la muy represiva policía del Estado Táchira, responsable del primer caso relatado; son las FAES ajusticiando jóvenes venezolanos diariamente y delante de sus familiares, en los barrios pobres de pueblos y ciudades; es el CICPC y sus bandas extorsivas y asesinas, la PNB, organismo que ha dejado en pañales las acciones de la tristemente célebre Policía Metropolitana; las policías municipales, la GNB, involucrada cotidianamente en hechos delictivos siniestros.

Y todo ello bajo la mirada indiferente o incluso complaciente de sus jefes inmediatos, así como de viceministros y ministros y el Ministerio Público hasta llegar a la propia Presidencia de la República. Todos ellos son parte de este tinglado de descomposición social, producto de una dirección política completamente indolente y enceguecida por mantenerse en el poder a como dé lugar.

Es insólito que quienes en el pasado fueron víctimas directas de actuaciones también aberrantes de los organismos de seguridad del Estado, y que las enfrentaron, denunciaron y combatieron, hoy las permitan, las justifiquen y traten de garantizarles impunidad o castigos leves a sus ejecutores materiales, torciendo la justicia y demostrando una indolencia sólo vista en gente seriamente afectada en su raciocinio.

No sé si se darán cuenta de lo que están haciendo o permitiendo; no sé si sabrán cómo serán vistos históricamente. Pero del país, ni de ellos, quedará nada si siguen con esta siniestra conducta. Bastaría un poquito de amor por Venezuela para evitar estos hechos funestos, pero pareciera que este sublime sentimiento humano ya los abandonó por completo. Este ha sido uno de los peores fraudes políticos de la historia de Venezuela.

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