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Más de 200 asesinatos por protestar en Venezuela denuncia Amnistía Internacional

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Amnistía Internacional (AI) presentó un nuevo, lapidario y demoledor informe sobre Venezuela que descubre más de 200 asesinatos selectivos ocurridos en 2019.

AI, la prestigiosa oenegé con presencia en más de 150 países, divulgó el su más reciente dossier donde se documentan casos de violaciones de derechos humanos. La investigación se denomina Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Las pesquisas ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y lesiones por uso excesivo de la fuerza. Todas ellas forman parte de un patrón común. Por ahora el gobierno nacional no se ha pronunciado respecto a la investigación.

Como consecuencia exhorta a los gobiernos latinoamericanos “genuinamente preocupados” a respaldar a las desvalidas familias.

“Hacemos un llamado a los gobiernos de la región para que activen sus mecanismos de jurisdicción universal. Es decir, que permitan que sus tribunales nacionales puedan conocer de estos crímenes de derecho internacional de modo que se pueda traer a los perpetradores ante la justicia”, aseveró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Homicidios documentados

«Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional», dijo la activista.

De acuerdo con el organismo, los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en enero fueron llevados a cabo consistentemente en casi todo el país. Las mismas se produjeron con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. No sucedieron al azar ni de forma aislada. Formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.

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Los asesinatos selectivos ocurrieron durante protestas según Amnistía Internacional. Foto: Agencias

Además, “todos fallecieron por herida provocada por proyectil de arma de fuego en la zona torácica, y fueron ejecutados mientras se encontraban sometidos por la autoridad. Algunos de ellos fueron torturados previamente a su muerte. Luego de ejecutarlos, la autoridad los presentó públicamente como delincuentes que habían muerto en enfrentamientos, y les inició investigaciones penales por “resistencia a la autoridad”.

Destaca AI que las escenas de los crímenes las contaminaron y alteraron de manera deliberada con la intención de encubrir los hechos. Incluso a los cadáveres los manipularon. Les llama la atención que el organismo responsable es la Policía Nacional Bolivariana a través del cuerpo élite conocido como el FAES.

Crímenes de lesa humanidad

«Las autoridades hasta el más alto nivel, incluido Nicolás Maduro, supieron de estos crímenes, públicos y notorios. Y no hicieron nada para impedirlos. Esto es encubrimiento. Llamamos a todos los Estados para que demuestren su respaldo incuestionable a las víctimas y no dejen impunes estos delitos. La comunidad internacional debe hacer esfuerzos mayores ante esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela», dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Una cadena de indicios y similitudes en las muertes permiten a los investigadores de AI a establecer que se trata de crímenes de lesa humanidad. Por ello exhortan a la justicia internacional pronunciarse mediante unas diligencias imparciales e independientes.

De igual forma el informe recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Además sugirió la activación de la jurisdicción universal.

Patrones comunes

Se presentó como ejemplo, el caso de cuatro adolescentes detenidos en el estado Yaracuy. Ninguno fue presentado ante el órgano de control judicial en el plazo legal. Sin embargo, se les privó de la libertad durante varios días sin que existieran pruebas suficientes para ello. Días después, la juez a cargo de su causa denunció en redes sociales que la razón de su resolución. Indicó que la presionaron y amenazaron de muerte para inculpar a los menores.

“La comunidad internacional debe hacer esfuerzos mayores. Enfrentar esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela”, indicó Mariela Belski. Asimismo concluye que la falta de investigación de estos asesinatos ocurridos en enero de 2019, «no fueron hechos azarosos». Por el contrario, «formaron parte de un ataque conformado por múltiples actos de violencia. Estuvieron planeados y dirigidos contra una población civil distinguible: aquellas personas opositoras o percibidas como tal por el gobierno».

“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas, alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dijo Erika Guevara Rosas.

Investigaciones in situ

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Niños y adolescenets fueron detenidos y procesados durante las manifestaciones. Foto: Agencias

Amnistía Internacional llevó a cabo una misión de investigación en febrero de este año. Se entrevistó con decenas de víctimas entre el 21 al 25 de enero. En ese lapso tuvieron lugar manifestaciones masivas en todo el país.

El dossier refiere que del 21 al 25 de enero, en 12 estados, al menos 47 personas murieron en protestas. Todos los agraviados cayeron al ser impactados por armas de fuego. Por lo menos 33 de estas personas murieron a manos de agentes de las fuerzas del Estado. A otros seis los asesinaronr terceros (llamados colectivos) actuando con la aquiescencia de las autoridades durante las manifestaciones. Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional documentó en profundidad seis casos, recogidos en este informe.

A lo largo de esos cinco días, detuvieron a más de 900 personas de forma arbitraria en todos los estados. Estas detenciones arbitrarias incluyeron a niños, niñas y adolescentes. Se calcula que aproximadamente 770 ocurrieron en un solo día. Es decir, el 23 de enero, fecha en la que se convocaron manifestaciones en toda Venezuela.

Lee también: Los espeluznantes caminos de los migrantes venezolanos en Colombia (Video)

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En Venezuela murió un preso cada dos días durante el 2025, dice informe de OVP

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En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025 - Agencia Carabobeña de Noticias
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En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025. El sistema penitenciario en el país se consolida como una fosa común de impunidad y tortura, situación que fue expuesta por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)este martes 2 de junio en la presentación de su Informe Anual 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”.

“El problema de las cárceles en el país tiene décadas, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la magnitud de la indiferencia. En 27 años bajo la Constitución de 1999, el Estado venezolano ha tenido todas las oportunidades para construir un sistema penitenciario serio, humano y respetuoso, donde quien ingresa por haber cometido un delito salga al menos con las herramientas para reinsertarse en la sociedad. Eso no ha ocurrido por una razón que puede resumirse en una sola frase: falta de voluntad política”, manifestó Humberto Prado, director del OVP.

En ese sentido, recalcó que la crisis penitenciaria es un problema multifactorial y el resultado de la inacción de cinco instituciones. “La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la realidad venezolana funcionan de la siguiente manera: Uno no ve, el otro no oye y el otro no habla. Mientras tanto las personas privadas de libertad continúan muriendo en las cárceles de Venezuela”.

En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025

Durante el último año, desde el OVP hemos documentado el fallecimiento de 181 privados de libertad en cárceles y calabozos policiales; es decir, que un preso murió cada dos días. 158 reclusos fallecidos en centros penitenciarios y 151 por falta de asistencia médica, lo que representa el 95.57 % de las muertes que se registraron durante el 2025, cifras que se traducen en muertes por negligencia del Estado; mientras que en los calabozos policiales murieron 23 internos.

Desde el año 2015 hasta el 2025, han fallecido 26 presos políticos de los cuales 4 fueron en 2025; entre ellos está la muerte de Víctor Quero Navas, cuyo caso consternó al país por la crueldad con la que trataron a su madre. Al respecto, el Ministerio solo anunció que iniciaría una investigación, pero hasta la fecha desde el día de la exhumación no hay datos concretos ni responsables.

De la misma forma y tras años de investigación del OVP, tenemos que desde el año 1999 hasta el año 2025 hemos documentado la muerte de 8.111 privados de libertad fallecidos en cárceles y un total de 17.965 presos heridos.

En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025 - Agencia Carabobeña de Noticias

Períodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro

Para el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2012) fueron 5.657 las muertes que se registraron, mientras en el gobierno de Nicolás Maduro (2013 – 2025) fueron 2.454 las víctimas. En nuestros registros también tenemos como desde el año 2017 hasta 2025 murieron 1.356 personas, de los cuales 711 fueron por condiciones de salud, convirtiéndose en la principal causa de muerte en los centros penitenciarios de Venezuela.

Ahora bien, en Venezuela existen 52 penales, pero tan solo 39 están operativos desglosados en 35 centros exclusivos para hombres, una cárcel para mujeres, un internado judicial masculino destinado para mujeres y 11 cárceles con anexos femeninos.

Tenemos registrada una población penitenciaria de 26.694, que sobreviven en espacios diseñados para apenas 15.096, alcanzando un hacinamiento crítico que alcanza el 176,83%. En 2025, tal como ha sucedido durante años, hubo opacidad de información y no existió un registro sobre las cárceles que realmente estaban operativas.

75% de privados de libertad sin sentencia firme

De la totalidad de privados de libertad, solo 6.427 reclusos tienen una sentencia firme, más de 75 % se encuentra en condición de procesados.  Asimismo, tenemos que, de la cantidad de privados de libertad, 24.149 son hombres y 2.545 mujeres, lo que equivale al 9.53 % de la población.

En nuestro informe también desglosamos las incidencias que se registraron durante el año 2025. En las cárceles hubo 12 personas heridas, 9 fueron en un motín y 3 presos que en distintas situaciones se intentaron suicidar. Asimismo, hubo una huelga de hambre colectiva, mientras en los calabozos policiales hubo 4 motines y una huelga de hambre.

Por otra parte, en los centros penitenciarios registramos un total de 21 fugas, pero solo 14 personas las recapturaron. En centros de detención preventiva, hubo 39 presos fugados y la mayoría ocurrieron en el recinto.

La cárcel como sentencia de sufrimiento

El informe de OVP desnuda la realidad de los privados de libertad que se encuentran recluidos en cárceles y centros de detención preventiva, donde la vida cotidiana es una lucha contra la desnutrición. La dieta se limita a granos y harinas; no existe un menú balanceado, lo poco que comen los internos lo proveen sus familiares al momento de la visita o cuando llevan paquetes.

Los presos tampoco tienen acceso a agua potable, viven en condiciones insalubres, no tienen acceso a atención médica y especializada, y vemos con preocupación como el derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas: prevención, diagnóstico, atención oportuna, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.

En el 2025, observamos como el aislamiento y la incomunicación fueron usados para agravar deliberadamente la salud mental de las personas privadas de libertad.  “El Estado les niega incluso saber si su familiar está vivo. La fe de vida no es un privilegio, es un derecho y convertirla en incertidumbre es una forma de tortura psicológica, tanto para quien está adentro como para sus familiares”, destacó el director de OVP.

En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025 - Agencia Carabobeña de Noticias

Humberto Prado

Sobre presos políticos

De igual manera, es particularmente grave la situación de los presos políticos, víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunos de los hechos documentados fueron cortes eléctricos focalizados, colgamientos y la aplicación del sistema Sippenhaft (represión extendida a sus familias), una práctica de herencia nazi, castigos en celdas de encierro, restricciones de las visitas.

De la misma forma, desde el OVP documentamos que las visitas en el Internado Judicial Rodeo I se realizaban bajo condiciones intimidatorias, sin privacidad y sin contacto directo entre la persona privada de libertad y su familiar, así como tratos humillantes, donde encapucharon a los familiares para guiarlos a la visita y la realización de operativos violentos en presencia de sus seres queridos.

Durante la presentación del informe, Humberto Prado reflexionó en cuanto al trato de los presos políticos y se preguntó: ¿por qué esta gente es tan cruel con los presos políticos?. Al mismo tiempo, recordó que los militares detenidos tras el intento de golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez afirmaron que, durante su reclusión, no fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios.

“Esto solo tiene una respuesta: esta gente disfruta con el dolor que infringen”, expresó Prado, quien además indica que todos los presos políticos tienen que estar en libertad, se tiene que aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición.

Grupos vulnerables

Dentro de lo que se califica como población más vulnerable se encuentran las mujeres privadas de libertad, personas LGBTIQ+ y adolescentes.

En cuanto a las mujeres, el informe del 2025 de OVP señala la deficiencia en la atención médica especializada, alimentación, acceso a agua potable y servicios sanitarios, espacios para maternidad y cuidado de hijos, así como acceso a programas educativos y recreativos, contribuyendo al deterioro de sus condiciones de detención, y al deterioro físico, emocional y mental de cada una de ellas.

En este punto es importante mencionar que de la totalidad de las 158 muertes que se registraron en cárceles, 5 de las víctimas eran mujeres que fallecieron por condiciones de salud por falta de atención médica oportuna.

Población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas…

En ese orden de ideas, para la población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas de respeto a su dignidad, identidad, seguridad personal ni personal capacitado para brindar un trato adecuado. Es por ello que desde OVP nos atrevemos a asegurar que dentro de los centros de reclusión persisten prácticas de discriminación, subordinación y explotación contra quienes son identificados como homosexuales o forman parte de la población sexodiversa.

Por otra parte, persiste una opacidad en la información oficial sobre adolescentes privados de libertad que impidió a OVP dimensionar con claridad su situación. Sin embargo, se pudo evidenciar que sus condiciones de reclusión continuaron siendo igualmente deficientes, marcadas por el abandono estatal e institucional.

Para concluir, el Observatorio Venezolano de Prisiones recomienda que el Estado venezolano debe rescatar el mandato constitucional y edificar una política penitenciaria de enfoque humanista, centrada en la descentralización y la reinserción social efectiva.

Este cambio requiere, de forma obligatoria, devolver la autonomía a las instituciones de justicia para que actúen sin sesgos políticos en defensa de los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar a los internos una vida digna basada en el acceso real a alimentación, salud y agua potable, además de un trato respetuoso hacia sus familias que permita visitas con contacto directo y libre de procedimientos degradantes.

En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025 - Agencia Carabobeña de Noticias

ACN/MAS/Prensa OVP

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