Internacional
Colombia denuncia que Venezuela encaleta a los narco-jefes del ELN
La cancillería colombiana sostiene que el gobierno chavista de Nicolás Maduro protege y encaleta a los narco-jefes del ELN en Venezuela.
A través de una nota verbal, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia le solicitó a Venezuela que verifique la presencia y permanencia en su territorio de algunos narcoguerrilleros.
Esto con el propósito de hacer efectiva la circular roja de Interpol. Se trata de los capos Eliecer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas.
El comisionado de paz Miguel Ceballos aseguró que hay información sobre la posible presencia de estos tres miembros del Comando Central en territorio venezolano. Y calificó de fundamental una pronta respuesta en el marco del proceso de paz que se encuentra congelado con esa guerrilla del ELN.
ELN como Pedro por su casa
Ahora, Ceballos insiste en que si Venezuela no responde. ASegura que con ello se demuestra que los jefes guerrilleros están allá se podría convertir en un problema internacional. «Venezuela estaría protegiendo a personas buscadas por Interpol que además tienen varias condenas en Colombia”, señaló.
Las fuerzas de seguridad colombianas documentan que los narcoguerrilleros andan en Venezuela como Pedro por su casa. Operan en la frontera, sobre todo en los estados Apure, Barinas y Táchira. Los insurgentes cobran vacuna a los trabajadores del campo venezolanos para permitirles trabajar.
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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