Sucesos
Quedará en entredicho asesinato o suicidio del concejal Albán
Quedará en duda o entredicho el asesinato o suicidio del concejal Fernando Albán, detenido el pasado viernes 05 de octubre por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) ya que no hay condiciones en Venezuela para investigar de manera transparente, este caso que ha conmovido a la opinión pública; afirman los firmantes de 65 ONGs, a menos que indagación sea llevada a cabo por investigadores foráneos e imparciales.
65 ONGs aseguran que no hay condiciones en Venezuela para investigar muerte de Albán
El concejal del municipio Libertador Fernando Albán, militante del partido Primero Justicia, fue detenido el pasado viernes 05 de octubre por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en el aeropuerto de Maiquetía. Albán regresaba de una visita a familiares en Nueva York, donde además acompañó al presidente de la Asamblea Nacional en reuniones políticas en el marco de la Asamblea General de la ONU.
Luego de 20 horas de mantenerlo en desaparición forzada; sus familiares y abogado fueron informados de su paradero y los cargos bajo los cuales sería imputado; terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y homicidio en grado de frustración; todos en relación con los sucesos ocurridos el pasado 4 de agosto en Caracas, donde el gobierno asegura que se cometió un atentado contra la figura de Nicolás Maduro.
Según su abogado defensor, Joel García, Albán no sabría sobre lo que se le estaba acusando; «de haberlo sabido no regresa a Venezuela. Es inocente de los cargos que se le señalan. Es un chivo expiatorio».
Luego de 48 horas de su detención, el gobierno divulgó que Fernando Albán «se habría suicidado» en su centro de detención. «Albán al parecer pidió permiso para ir al baño y desde un piso 10 se lanzó al vacío», informó el Fiscal General de la Dictadura Tarek William Saab, desconociendo así las normas elementales de investigación de muertes violentas de personas bajo custodia del Estado.

Al respecto, las organizaciones de derechos humanos que suscribimos el presente comunicado expresamos:
1) Según los informes especiales y recomendaciones sobre nuestro país, realizados por diferentes organismos de derechos humanos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la tortura y malos tratos contra personas privadas de libertad por razones políticas es sistemática. Por ello existen altas probabilidades que el concejal Fernando Albán haya sido sometido a tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes durante las 48 horas de su detención.
2) La sede del SEBIN ubicada en Plaza Venezuela, Caracas, ha sido denunciada como centro de torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra las personas privadas de libertad por razones políticas.
3) Según estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de la vida e integridad de las personas que se mantengan bajo su custodia.
4) Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos no pueden constatar la condición de privación de libertad de los presos políticos, debido a que tienen prohibido el ingreso a los sitios de detención. Familiares y abogados denuncian que de manera sistemática se vulnera tanto el debido proceso como el régimen de visitas.
5) Ni el Ministerio Público Constituyente ni la Defensoría del Pueblo Constituyente son organismos independientes e imparciales. En Venezuela no existe ninguna garantía para la realización transparente de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. Además, a los funcionarios de ambas instituciones no se les permite la entrada a las sedes del SEBIN desde el año 2015.
En tal sentido, los abajo firmantes declaramos:
1) Nuestro absoluto repudio y rechazo tanto a la detención arbitraria, las condiciones irregulares de privación de libertad y la situación anómala que ocasionó la pérdida de la vida del concejal Fernando Albán en una instalación del SEBIN, denunciada como centro de torturas y malos tratos contra detenidos.
2) Debido a las dudas razonables sobre las condiciones en que ocurrió el fallecimiento, y la ausencia de organismos confiables e independientes dentro de Venezuela para aclarar la situación, exigimos que sea una organización internacional la que investigue las causas y responsables de la muerte del concejal Fernando Albán. En tal sentido solicitamos a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, incluir toda la información sobre el caso, incluyendo testimonios y evidencias proporcionadas por familiares y otras personas recluidas en el pasado en alguna de las sedes del SEBIN, en su próximo informe especial sobre la situación de Venezuela
3) Pedimos a la comunidad internacional, gobiernos, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos que presionen al gobierno venezolano para que permita que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pueda constatar la integridad y condiciones de reclusión de los presos políticos venezolanos.
4) Siendo la tortura a la vez un crimen de lesa humanidad y una violación grave de derechos humanos, invitamos a quienes han sido víctimas de tratos inhumanos, crueles y degradantes por parte del gobierno de Nicolás Maduro, especialmente aquellos privados de libertad en alguna de las sedes del SEBIN; rindan su testimonio ante organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Sólo de esta manera los organismos internacionales de protección (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Penal Internacional) tendrán los elementos suficientes para levantar los expedientes que permitan hacer justicia en nuestro país y contribuir al rescate de la institucionalidad democrática.
Adhieren:
- C. María Estrella de la Mañana
- Acceso a la Justicia
- Aquí Cabemos Todos
- Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
- Asociación Civil Mujeres en Línea
- Asociación Civil Banco del Libro
- Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
- Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf)
- Asociación Venezolana para la Hemofilia
- Caleidoscopio Humano
- Centro de Justicia y Paz – CEPAZ
- Civilis Derechos Humanos
- Cátedra de Derechos Humanos. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
- Cecodap
- Centro de Animación Juvenil
- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
- Centro de Educación y Capacitación para la Vida, CECAVID – Estado Lara
- Centro para la Paz y los DDHH UCV
- Coalición Clima21
- Codevida (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida)
- Codhez – Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia
- Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de abogados de Venezuela del Estado Tachira
- Comisión Nacional Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Coordinación Estado Lara
- Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu)
- Comité de DDHH de la Guajira
- Convite AC
- Defiende Venezuela
- Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
- Espacio Público
- EXCUBITUS derechos humanos en educación.
- Federación Interamericana de Abogados. Capitulo Venezuela. Seccional Anzoategui
- Fraternidad Laical Dominicana de Barquisimeto «Santo Domingo de Guzmán»
- Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer
- Fundación para los Derechos de la Mujer Latinoamericana, FUNDEMUL-Capítulo Venezuela
- Hombres por la equidad e igualdad
- Humano Derecho Radio Estación
- Monitor Social A.C. (Nva Esparta)
- Movimiento Ciudadano Dale Letra
- Movimiento Vinotinto
- Mujeres Venezolanas en Acción
- Mulier
- Prepara Familia
- Laboratorio de Paz
- La Ventana Venezuela
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
- Observatorio Ciudadano DDHH. CAJ
- Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
- Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de la Mujer Griselda Barroso
- ONG Observatorio Penal Mérida OPEM DDHH
- Organización Stop VIH
- Padres Organizados de Venezuela
- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
- Promoción Educación y Defensa en DDHH, PROMEDEHUM
- Red Andina de DDHH (RADAR)
- Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC)
- Red Naranja Venezuela
- Red por los DDHH de niños, niñas y adolescentes (REDHNNA)
- RedesAyuda
- Sinergia, Red Venezolana de OSC
- Transparencia Venezuela
- Uniandes a.c.
- Un Mundo Sin Mordaza
- Una Ventana a la Libertad
- Voto Joven ONG
ACN/redes/diarios
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Sucesos
En Venezuela murió un preso cada dos días durante el 2025, dice informe de OVP
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025. El sistema penitenciario en el país se consolida como una fosa común de impunidad y tortura, situación que fue expuesta por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)este martes 2 de junio en la presentación de su Informe Anual 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”.
“El problema de las cárceles en el país tiene décadas, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la magnitud de la indiferencia. En 27 años bajo la Constitución de 1999, el Estado venezolano ha tenido todas las oportunidades para construir un sistema penitenciario serio, humano y respetuoso, donde quien ingresa por haber cometido un delito salga al menos con las herramientas para reinsertarse en la sociedad. Eso no ha ocurrido por una razón que puede resumirse en una sola frase: falta de voluntad política”, manifestó Humberto Prado, director del OVP.
En ese sentido, recalcó que la crisis penitenciaria es un problema multifactorial y el resultado de la inacción de cinco instituciones. “La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la realidad venezolana funcionan de la siguiente manera: Uno no ve, el otro no oye y el otro no habla. Mientras tanto las personas privadas de libertad continúan muriendo en las cárceles de Venezuela”.
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025
Durante el último año, desde el OVP hemos documentado el fallecimiento de 181 privados de libertad en cárceles y calabozos policiales; es decir, que un preso murió cada dos días. 158 reclusos fallecidos en centros penitenciarios y 151 por falta de asistencia médica, lo que representa el 95.57 % de las muertes que se registraron durante el 2025, cifras que se traducen en muertes por negligencia del Estado; mientras que en los calabozos policiales murieron 23 internos.
Desde el año 2015 hasta el 2025, han fallecido 26 presos políticos de los cuales 4 fueron en 2025; entre ellos está la muerte de Víctor Quero Navas, cuyo caso consternó al país por la crueldad con la que trataron a su madre. Al respecto, el Ministerio solo anunció que iniciaría una investigación, pero hasta la fecha desde el día de la exhumación no hay datos concretos ni responsables.
De la misma forma y tras años de investigación del OVP, tenemos que desde el año 1999 hasta el año 2025 hemos documentado la muerte de 8.111 privados de libertad fallecidos en cárceles y un total de 17.965 presos heridos.

Períodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
Para el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2012) fueron 5.657 las muertes que se registraron, mientras en el gobierno de Nicolás Maduro (2013 – 2025) fueron 2.454 las víctimas. En nuestros registros también tenemos como desde el año 2017 hasta 2025 murieron 1.356 personas, de los cuales 711 fueron por condiciones de salud, convirtiéndose en la principal causa de muerte en los centros penitenciarios de Venezuela.
Ahora bien, en Venezuela existen 52 penales, pero tan solo 39 están operativos desglosados en 35 centros exclusivos para hombres, una cárcel para mujeres, un internado judicial masculino destinado para mujeres y 11 cárceles con anexos femeninos.
Tenemos registrada una población penitenciaria de 26.694, que sobreviven en espacios diseñados para apenas 15.096, alcanzando un hacinamiento crítico que alcanza el 176,83%. En 2025, tal como ha sucedido durante años, hubo opacidad de información y no existió un registro sobre las cárceles que realmente estaban operativas.
75% de privados de libertad sin sentencia firme
De la totalidad de privados de libertad, solo 6.427 reclusos tienen una sentencia firme, más de 75 % se encuentra en condición de procesados. Asimismo, tenemos que, de la cantidad de privados de libertad, 24.149 son hombres y 2.545 mujeres, lo que equivale al 9.53 % de la población.
En nuestro informe también desglosamos las incidencias que se registraron durante el año 2025. En las cárceles hubo 12 personas heridas, 9 fueron en un motín y 3 presos que en distintas situaciones se intentaron suicidar. Asimismo, hubo una huelga de hambre colectiva, mientras en los calabozos policiales hubo 4 motines y una huelga de hambre.
Por otra parte, en los centros penitenciarios registramos un total de 21 fugas, pero solo 14 personas las recapturaron. En centros de detención preventiva, hubo 39 presos fugados y la mayoría ocurrieron en el recinto.
La cárcel como sentencia de sufrimiento
El informe de OVP desnuda la realidad de los privados de libertad que se encuentran recluidos en cárceles y centros de detención preventiva, donde la vida cotidiana es una lucha contra la desnutrición. La dieta se limita a granos y harinas; no existe un menú balanceado, lo poco que comen los internos lo proveen sus familiares al momento de la visita o cuando llevan paquetes.
Los presos tampoco tienen acceso a agua potable, viven en condiciones insalubres, no tienen acceso a atención médica y especializada, y vemos con preocupación como el derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas: prevención, diagnóstico, atención oportuna, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.
En el 2025, observamos como el aislamiento y la incomunicación fueron usados para agravar deliberadamente la salud mental de las personas privadas de libertad. “El Estado les niega incluso saber si su familiar está vivo. La fe de vida no es un privilegio, es un derecho y convertirla en incertidumbre es una forma de tortura psicológica, tanto para quien está adentro como para sus familiares”, destacó el director de OVP.

Humberto Prado
Sobre presos políticos
De igual manera, es particularmente grave la situación de los presos políticos, víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunos de los hechos documentados fueron cortes eléctricos focalizados, colgamientos y la aplicación del sistema Sippenhaft (represión extendida a sus familias), una práctica de herencia nazi, castigos en celdas de encierro, restricciones de las visitas.
De la misma forma, desde el OVP documentamos que las visitas en el Internado Judicial Rodeo I se realizaban bajo condiciones intimidatorias, sin privacidad y sin contacto directo entre la persona privada de libertad y su familiar, así como tratos humillantes, donde encapucharon a los familiares para guiarlos a la visita y la realización de operativos violentos en presencia de sus seres queridos.
Durante la presentación del informe, Humberto Prado reflexionó en cuanto al trato de los presos políticos y se preguntó: ¿por qué esta gente es tan cruel con los presos políticos?. Al mismo tiempo, recordó que los militares detenidos tras el intento de golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez afirmaron que, durante su reclusión, no fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios.
“Esto solo tiene una respuesta: esta gente disfruta con el dolor que infringen”, expresó Prado, quien además indica que todos los presos políticos tienen que estar en libertad, se tiene que aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Grupos vulnerables
Dentro de lo que se califica como población más vulnerable se encuentran las mujeres privadas de libertad, personas LGBTIQ+ y adolescentes.
En cuanto a las mujeres, el informe del 2025 de OVP señala la deficiencia en la atención médica especializada, alimentación, acceso a agua potable y servicios sanitarios, espacios para maternidad y cuidado de hijos, así como acceso a programas educativos y recreativos, contribuyendo al deterioro de sus condiciones de detención, y al deterioro físico, emocional y mental de cada una de ellas.
En este punto es importante mencionar que de la totalidad de las 158 muertes que se registraron en cárceles, 5 de las víctimas eran mujeres que fallecieron por condiciones de salud por falta de atención médica oportuna.
Población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas…
En ese orden de ideas, para la población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas de respeto a su dignidad, identidad, seguridad personal ni personal capacitado para brindar un trato adecuado. Es por ello que desde OVP nos atrevemos a asegurar que dentro de los centros de reclusión persisten prácticas de discriminación, subordinación y explotación contra quienes son identificados como homosexuales o forman parte de la población sexodiversa.
Por otra parte, persiste una opacidad en la información oficial sobre adolescentes privados de libertad que impidió a OVP dimensionar con claridad su situación. Sin embargo, se pudo evidenciar que sus condiciones de reclusión continuaron siendo igualmente deficientes, marcadas por el abandono estatal e institucional.
Para concluir, el Observatorio Venezolano de Prisiones recomienda que el Estado venezolano debe rescatar el mandato constitucional y edificar una política penitenciaria de enfoque humanista, centrada en la descentralización y la reinserción social efectiva.
Este cambio requiere, de forma obligatoria, devolver la autonomía a las instituciones de justicia para que actúen sin sesgos políticos en defensa de los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar a los internos una vida digna basada en el acceso real a alimentación, salud y agua potable, además de un trato respetuoso hacia sus familias que permita visitas con contacto directo y libre de procedimientos degradantes.

ACN/MAS/Prensa OVP
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