Política
Comunas y milicias supervisarán precios de alimentos y pasajes
Comunas, consejos comunales y milicias supervisarán precios de alimentos y pasajes; acordó el comando político de la parroquia santa Rosalía, a partir de esta semana. Controlar precios, hacer respetar los acordados y ocupar negocios de ser necesario; se proponen los vecinos y milicianos de Santa Rosalía, quienes plenaron la sala del liceo Santiago Key Ayala.
Supervisar y tomar -de ser necesario- mercado de La Hormiga; centros comerciales, supermercados, abastos y demás comercios que no respeten los precios acordados; así como también vigilar y controlar las líneas de autobusetes, yises, taxis o mototaxis que especulen; acordaron en asamblea del Poder Popular y la Milicia Bolivariana, los vecinos de la parroquia Santa Rosalía; informó el ingeniero Adel Chacare y Liliana Jiménez, del Comando Político Comunal Parroquial.
A partir de la presente semana, una vez que el gobierno nacional publique la lista de los precios acordados; comenzará la actuación combinada de supervisión y control; sobre los distintos centros de expedición de artículos de primera necesidad; decidieron los habitantes de esa parroquia caraqueña.
49 consejos comunales y representantes de la Milicia Nacional Bolivariana de la parroquia Santa Rosalía; así como Coordinador Nacional de los CLAP; licenciado Carlos Trompis; el vocero de la Coordinadora Nacional CONCHÁVEZ, doctor Marco Viloria y el constituyentista doctor Julio Escalona.
Hubo Intervenciones del licenciado Carlos Trompis Coordinador Nacional de los CLAP y del doctor Marcos Viloria, vocero del Colectivo CONCHÁVEZ
En la asamblea parroquial a través de dos mesas, una de alimentación y otra de transporte; y luego en plenaria, entre otras cuestiones se decidieron:
Milicianos en la mesa de transporte
1.- Actuar de conjunto Poder Popular y Milicia Nacional Bolivariana para la supervisión, control y vigilancia de las actividades de comercialización de alimentos, demás artículos de primera necesidad y en el transporte de pasajeros.
2.- Una publicada, esta semana, por el gobierno nacional, la lista de los precios acordados comenzar la supervisión para hacerlos respetar en el mercado La hormiga y demás establecimientos comerciales, tales como centros comerciales, supermercados, abastos, panaderías y otros.
3.- Supervisar y hacer respetar los precios, horarios y rutas de las líneas de transporte de pasajeros, así también con los distribuidores de gas comunal, quienes han llegado a cobrar hasta 100 mil bolívares por una bombona.
4.- Ocupar de ser necesario, los comercios que sigan especulando, en especial los que bachaquean o le venden los productos a los bachaqueros menores, como varios dentro del mercado La Hormiga o en sus alrededores, y que arman combos Polar.
5.- Darle un impulso a través de la creación de un banco de datos y la solicitud de financiamientos para el desarrollo de proyectos socioproductivos comunales como la agricultura urbana, textiles, productos de higiene personal y limpieza, panaderías y afines.
6.- Construir un mercado comunal en los terrenos donde el CICPC tiene un cementerio de vehículos debajo del puente de la autopista que va hacia El Valle, al final de la av. Roosevelt.
7.- Crear líneas de autobuses comunales para los vecinos de Santa Rosalía.
8.- Verificar a través de seguimiento y control de lo sucedido en las líneas, a las cuales, el gobierno bolivariano las ha subsidiado, entregándoles cauchos, batería, lubricantes, etc.
9.- Solicitar de las autoridades competentes la revisión de las concesiones, con participación del Poder Popular Parroquial, dadas a las líneas de transporte y a los concesionarios del mercado La Hormiga.
10.- Exigir la obligación de cobrar los pasajes solo a través del carnet de la Patria.
ACN/np
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Política
Rocío San Miguel recibió libertad plena por parte de tribunal venezolano
La abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel recibió libertad plena, informó por sus redes sociales, la también directora de la ONG Control Ciudadano.
El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó sentencia absolutoria a su favor, declarándola libre de toda responsabilidad penal por los cargos que se le imputaban.
“Hoy culmina un duro capítulo de mi vida. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, escribió San Miguel en su cuenta de X.
Añadió que durante este proceso “fueron puestas a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”. La activista agradeció a su familia —especialmente a su hija—, a la sociedad civil venezolana, a organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que la acompañaron.
Rocío San Miguel recibió libertad plena
Destacó el respaldo de Amnistía Internacional, Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FLDAmericas), Human Rights Foundation (HRF), sus abogados Theresly Malavé, Juan González Taguaruco, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, así como al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
San Miguel expresó solidaridad con los ciudadanos, activistas y presos políticos que aún enfrentan procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. Señaló que “la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”.
Respecto a las condenas emitidas en el mismo caso contra otros acusados, esperó que sean anuladas por considerarlas “profundamente injustas”.
La defensora anunció que continuará trabajando “con la misma transparencia y convicción” por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y una Venezuela democrática.
Años de injusticia
Rocío San Miguel Sosa, abogada especialista en temas de seguridad y defensa, es presidenta de Control Ciudadano, organización dedicada a la contraloría ciudadana sobre la seguridad nacional, la defensa y la Fuerza Armada Nacional. Detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando intentaba viajar con su hija.
Las autoridades la vinculaban a la presunta trama conspirativa “Brazalete Blanco”, por la que se le imputaron delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Durante la operación también detuvieron a familiares cercanos, entre ellos el padre de su hija, dos hermanos y su exesposo.
Organismos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denunciaron la detención como arbitraria y una posible desaparición forzada, recordando que San Miguel contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Permaneció privada de libertad durante aproximadamente un año, diez meses y 29 días, principalmente en El Helicoide (sede del Sebin).
Luego la excarcelaron el 8 de enero de 2026 en el marco de liberaciones de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro, aunque siguió bajo medidas cautelares hasta la sentencia absolutoria del 1-2 de octubre de 2026, que le otorgó libertad plena.
ACN/MAS/Efecto Cocuyo
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