A 27 días de la visita del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, las condiciones de reclusión de los 1.840 privados de libertad continúan deteriorándose, así lo aseguró en nota de prensa la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.

Lo que inicialmente generó expectativas de mejora entre la población penitenciaria se ha traducido en nuevas promesas incumplidas, mientras persisten graves vulneraciones a los derechos humanos dentro del recinto.

Familiares de los internos se comunicaron con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), y presos sociales hicieron llegar una carta en la que describen situaciones que afectan directamente su salud física y mental.

Una de las denuncias más reiteradas está relacionada con la alimentación.

Según los testimonios, en varias oportunidades los privados de libertad han recibido sardinas en estado de descomposición, lo que ha provocado enfermedades intestinales. A ello se suma un menú diario limitado a arepas amarillas sin acompañantes y pasta, una dieta que no cubre los requerimientos calóricos mínimos para una persona privada de libertad.

El ingreso de alimentos enviados por familiares también ha sido restringido. De acuerdo con las denuncias, durante los días de visita o recepción de paquetes los funcionarios decomisan gran parte de los productos, por lo que solo una fracción llega a manos de los internos.

“Ellos tienen una panadería en donde trabajan varios internos, ese pan que se hace allí era para la población reclusa e incluso había venta, el beneficio de ello era para los mismos internos quienes ayudaban a su familia, pero esto cambió, ahora si quieren un pan deben comprarlo y el dinero presuntamente va a manos del director”, denunció un familiar. Esta situación fue confirmada en la carta enviada al OVP por un privado de libertad.

Familiares e internos también reportaron que el director del penal ha limitado los espacios de trabajo y recreación. El taller de carpintería dejó de funcionar y la cancha deportiva fue cerrada, lo que impide incluso la realización de actividades físicas básicas.

El acceso al agua potable representa otra carga para la población reclusa. El suministro depende de camiones cisterna y cada interno debe pagar 150 bolívares por un tobo semanal destinado al consumo, aseo personal, limpieza de espacios y lavado de uniformes. La cantidad resulta insuficiente, por lo que muchos deben adquirir más recipientes, pagos que, según denuncian, terminan igualmente en manos de funcionarios del penal.

«En cuanto al comportamiento del director de Fénix Lara, Héctor Maraima, familiares e internos aseguran que las humillaciones y los maltratos verbales son constantes», dice el texto enviado como nota de prensa.

Quienes intentan formular reclamos son aislados o amenazados con traslados a otros centros de reclusión.

La asistencia médica dentro del penal es prácticamente inexistente. Las enfermedades intestinales, dermatológicas y respiratorias se han vuelto frecuentes sin que los internos reciban atención especializada ni tratamientos oportunos.

Durante la visita del ministro García Zerpa, los privados de libertad expusieron estas problemáticas y recibieron el compromiso de que serían atendidas. Sin embargo, hasta ahora no se han registrado mejoras ni acciones concretas para resolverlas.

La mayoría de las personas recluidas en Fénix Lara cuentan con condena firme y esperan la realización de estudios sociales necesarios para optar a fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, como el destacamento de trabajo.

Aunque varios detenidos fueron evaluados durante la visita ministerial y se les informó que recibirían respuesta en una o dos semanas, más de un mes después siguen sin información oficial.

El Observatorio Venezolano de Prisiones ha documentado que estas prácticas se repiten en distintos centros penitenciarios del país, lo que evidencia el agravamiento de la deuda judicial y humanitaria que el Estado venezolano mantiene con las personas privadas de libertad.

El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Estado debe garantizar un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación y al respeto de los derechos humanos, un mandato que, tras 26 años, continúa sin cumplirse.

Nota de prensa

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