Juez federal bloqueo intentos de la administración de Dobald Trump, de revocar el estatus legal que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en colegios y universidades de Estados Unidos.

La orden preliminar emitida por el juez federal Jeffrey White, del tribunal de distrito de San Francisco, es el último gran revés a los esfuerzos de la administración por apuntar a estudiantes internacionales en su campaña masiva de deportaciones promovida por el presidente Donald Trump.

El caso se refiere a una medida amplia de la administración para manipular los registros estudiantiles —conocidos como registros SEVIS— de inmigrantes que están en Estados Unidos con visas de estudio, poniendo en riesgo su deportación.

Aunque la administración había dado marcha atrás en esa iniciativa el mes pasado en medio de numerosas impugnaciones legales, White declaró en su fallo que “no le parece especulativo concluir que, en ausencia de una orden judicial, (la administración) cancelaría abruptamente los registros SEVIS sin previo aviso”.

Juez federal impide revocar estatus de estudiantes

La base de datos SEVIS, que es operada por el Departamento de Seguridad Nacional, rastrea el estatus migratorio de los estudiantes internacionales. Las universidades la usan  para mantener información sobre la inscripción de los estudiantes. En abril, el Gobierno comenzó a cancelar los registros de miles de estudiantes internacionales.

Las acciones de la administración, escribió White, “causaron estragos no solo en la vida de los demandantes aquí, sino también en la de otros no inmigrantes F-1 en situaciones similares en todo Estados Unidos. Y continúan haciéndolo”.

El fallo de White, nombrado por el expresidente George W. Bush, llegó en una serie de casos presentados por estudiantes internacionales. Indicaron que modificaron sus registros SEVIS de una manera que, según ellos, volvió ilegal su permanencia en Estados Unidos.

White dijo que es probable que los estudiantes triunfen en su reclamo de que tales acciones violaron los procedimientos federales para la elaboración de normas porque fueron “arbitrarias y caprichosas”.

“Los demandados no sugieren que estas personas representen una amenaza inmediata para la seguridad ni que supongan un peligro para la seguridad nacional”, escribió. “En cambio, los demandantes han demostrado que probablemente los demandados excedieron su autoridad y actuaron de manera arbitraria y caprichosa en esos esfuerzos de aplicación, y que ‘el interés público se sirve cumpliendo con la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act)’”.

Con información de: CNN

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