Internacional
Juez federal impide a Trump revocar estatus legal de estudiantes extranjeros
Juez federal bloqueo intentos de la administración de Dobald Trump, de revocar el estatus legal que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en colegios y universidades de Estados Unidos.
La orden preliminar emitida por el juez federal Jeffrey White, del tribunal de distrito de San Francisco, es el último gran revés a los esfuerzos de la administración por apuntar a estudiantes internacionales en su campaña masiva de deportaciones promovida por el presidente Donald Trump.
El caso se refiere a una medida amplia de la administración para manipular los registros estudiantiles —conocidos como registros SEVIS— de inmigrantes que están en Estados Unidos con visas de estudio, poniendo en riesgo su deportación.
Aunque la administración había dado marcha atrás en esa iniciativa el mes pasado en medio de numerosas impugnaciones legales, White declaró en su fallo que “no le parece especulativo concluir que, en ausencia de una orden judicial, (la administración) cancelaría abruptamente los registros SEVIS sin previo aviso”.
Juez federal impide revocar estatus de estudiantes
La base de datos SEVIS, que es operada por el Departamento de Seguridad Nacional, rastrea el estatus migratorio de los estudiantes internacionales. Las universidades la usan para mantener información sobre la inscripción de los estudiantes. En abril, el Gobierno comenzó a cancelar los registros de miles de estudiantes internacionales.
Las acciones de la administración, escribió White, “causaron estragos no solo en la vida de los demandantes aquí, sino también en la de otros no inmigrantes F-1 en situaciones similares en todo Estados Unidos. Y continúan haciéndolo”.
El fallo de White, nombrado por el expresidente George W. Bush, llegó en una serie de casos presentados por estudiantes internacionales. Indicaron que modificaron sus registros SEVIS de una manera que, según ellos, volvió ilegal su permanencia en Estados Unidos.
White dijo que es probable que los estudiantes triunfen en su reclamo de que tales acciones violaron los procedimientos federales para la elaboración de normas porque fueron “arbitrarias y caprichosas”.
“Los demandados no sugieren que estas personas representen una amenaza inmediata para la seguridad ni que supongan un peligro para la seguridad nacional”, escribió. “En cambio, los demandantes han demostrado que probablemente los demandados excedieron su autoridad y actuaron de manera arbitraria y caprichosa en esos esfuerzos de aplicación, y que ‘el interés público se sirve cumpliendo con la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act)’”.
Con información de: CNN
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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