Internacional
Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas
A través del Departamento de Justicia, el Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas.
El Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que permita deportar casi 200 migrantes venezolanos que mantiene hoy en un centro de detención en Texas. El argumento para solicitar la aprobación de la Corte es que estas personas son presuntos miembros del Tren de Aragua.
El máximo tribunal suspendió temporalmente el mes pasado la expulsión de migrantes invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo utilizada en tiempos de guerra.
El procurador general del Departamento de Justicia, John Sauer, suscribió un documento judicial entregado a la Corte para solicitar el permiso.
Siguiendo la línea del Gobierno, insiste en que algunos de los 176 migrantes bajo custodia, presuntamente son integrantes de la pandilla venezolana. Alega que demuestran ser peligrosos para mantenerlos en detención prolongada.
Gobierno de Trump pidió al Supremo permitir deportación de venezolanos detenidos en Texas
El documento cita un hecho descrito por un oficial de campo del Departamento de Seguridad Nacional en el que supuestamente 23 de los migrantes detenidos se atrincheraron. Agrega que durante el incidente amenazaron con tomar rehenes.
Dicho incidente se produjo en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas. Precisamente donde un dron capturó hace poco una vista aérea de detenidos enviando un mensaje con las letras de auxilio “SOS”.
La Casa Blanca insiste que las expulsiones efectuadas hasta el momento bajo la ordenanza del siglo XVIII tienen fundamento. Aduce que todos los enviados a una megacárcel en El Salvador pertenecen al Tren de Aragua, aunque las pruebas son escasas.
Grupos defensores de los inmigrantes denuncian abuso de un poder presidencial peligroso para deportar a personas indocumentadas sin ninguna salvaguarda ni el debido proceso.
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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