Internacional
Trump eliminó programas sociales para inmigrantes ilegales en EE.UU.
Con la firma de una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump eliminó programas sociales para inmigrantes ilegales en EE.UU. la medida elimina cualquier beneficio federal financiado por los contribuyentes que pudiera estar destinado a «incentivar o apoyar la inmigración ilegal».
Según divulgó la Casa Blanca, «los contribuyentes están pagando la factura de la inmigración ilegal». Por ello se busca garantizar que los recursos tributarios se utilicen para «proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses».
La orden firmada exige a todas las agencias federales identificar los programas que actualmente brindan beneficios financieros a indocumentados. En consecuencia, exige tomar «todas las medidas apropiadas».
Trump eliminó programas sociales para inmigrantes ilegales «para reducir el despilfarro»
La Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense divulgó cifras en torno al tema. Así, asegura que los contribuyentes del país pagan al menos 182.000 millones de dólares anuales. Este monto es para cubrir los gastos incurridos por la presencia de 20 millones de inmigrantes ilegales y sus hijos.
Al respecto, su presidente, Dan Stein, afirmó que por eso el presidente Trump eliminó programas sociales para inmigrantes ilegales y parar el despilfarro.
Las personas que se encuentran ilegalmente en EE.UU. por lo general no pueden acceder a los programas de asistencia social vigentes. No obstante, pueden recibir atención médica de emergencia.
Según el decreto, anteriores gobiernos actuaron para «socavar los principios y limitaciones» establecidos a través de ley que rige estos beneficios.
Por su parte, la Casa Blanca asegura que la administración anterior facilitó el aumento de la inmigración ilegal «desviando dólares y servicios esenciales» de la ciudadanía. Agrega que esto ocurrió «mientras los presupuestos estatales y locales se ven cada vez más limitados».
«Todo ello resultó en el gasto indebido de importantes recursos de los contribuyentes», señala la orden ejecutiva.
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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