Nacional
Sin transferencia real: OVP alerta sobre la situación de la custodia en manos del DGCIM y SEBIN
Tras cuatro años de decretos, la transferencia real de las funciones de custodia al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) sigue siendo una asignatura pendiente que subraya las dificultades del Estado venezolano para garantizar el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho.
Aunque formalmente se decretó la transferencia, en la práctica no se han reflejado cambios significativos, dado que la custodia sigue controlada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Este contexto de represión y temor pone en riesgo a miles de ciudadanos y socava la efectividad de las instituciones democráticas en el país.
El 12 de mayo de 2021, el decreto presidencial N.º 4.510 ordenó a la DGCIM y al SEBIN ceder las funciones de custodia al MPPSP. A pesar de esta medida, que fue respaldada por posteriores decretos, las acciones concretas para garantizar la transferencia han sido escasas.
La situación se agrava en un entorno de continuas violaciones de derechos humanos, en el cual tanto la DGCIM como el SEBIN son señalados como centros de tortura sistemática.
Las condiciones de detención en instalaciones como El Helicoide, que deberían haber sido completamente transferidas al control del MPPSP, no han cambiado, lo que plantea serias preocupaciones sobre los derechos de los detenidos.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha documentado numerosos abusos en estos centros, y las denuncias de torturas incluyen métodos inhumanos.
Estos actos, considerados crímenes de lesa humanidad, son parte de una estrategia estatal de represión contra disidentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos, asegura la OVP en nota de prensa.
Además, el Código Orgánico Penitenciario (COP), que pretende garantizar la rehabilitación y el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, enfrenta su propio conjunto de desafíos debido a la falta de un reglamento que desarrolle sus disposiciones.
La ausencia de este marco normativo complica la administración del sistema penitenciario y puede perpetuar abusos y condiciones inadecuadas para los reclusos.
En resumen, la denuncia del Observatorio de Victimas (OVP) resalta que la custodia del DGCIM y el SEBIN continúa en manos de personal sin capacitación, lo que afecta no solo a los privados de libertad, sino también a sus familias, quienes sufren por la falta de información y el acceso limitado a sus seres queridos.
Con información de nota de prensa
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Nacional
Trata de personas: Defensoría del Pueblo insta a verificar ofertas laborales y vigilar redes sociales
La Defensoría del Pueblo desplegó este jueves 30 de julio una jornada de concienciación u orientación con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, alcanzando 60 puntos del Área Metropolitana de Caracas y otros 13 estados de Venezuela.
Unos 200 funcionarios defensoriales sensibilizaron a más de 5.000 ciudadanos y servidores públicos en 37 municipios de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, La Guaira, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Zulia y la capital.
El operativo incluyó plazas, centros comerciales, campamentos transitorios, hospitales, terminales de pasajeros, pasos fronterizos y sedes de la administración pública.
Para la ejecución de estas actividades, las defensorías delegadas articularon esfuerzos con más de 90 organismos regionales y municipales, con foco en el centro-norte y las zonas fronterizas del país.
En la capital, más de 20 funcionarios brindaron atención en la Plaza Luis Brión de Chacaíto, la Plaza La Candelaria y las inmediaciones del terminal La Bandera, orientando a los transeúntes sobre los factores de riesgo, las señales de alerta y los mecanismos de denuncia ante sospechas de trata.
Vulnerabilidad ante emergencias y canales digitales
La directora general de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la institución, Emiselys Duarte, explicó que el contexto generado por el doble evento sísmico del pasado 24 de junio incrementa la vulnerabilidad de la población.
Advirtió que la separación familiar, los desplazamientos y la reubicación temporal son factores que las redes criminales aprovechan para la captación.
“En medio de la desesperación, las personas pudieran tomar decisiones que no sean las más adecuadas”, señaló Duarte.
Por su parte, la defensora delegada especial para la Trata de Personas, Milet Muñoz, recordó que este delito no solo abarca la explotación sexual o laboral, sino también la mendicidad forzada.
Muñoz instó a madres, padres y representantes a supervisar la actividad de niños, niñas y adolescentes en plataformas digitales y redes sociales. Asimismo, recomendó a quienes vayan a trasladarse verificar ofertas laborales o de alojamiento antes de aceptarlas.
“El derecho más valioso que tenemos es la libertad; es precisamente el primero que perdemos cuando nos convertimos en víctimas de trata de personas”, afirmó Muñoz.
Cobertura en estados fronterizos y regiones
En los estados Táchira, Zulia, Bolívar y Apure, los equipos abordaron pasos binacionales y terminales terrestres para capacitar a ciudadanos, conductores y cuerpos de seguridad en la identificación de patrones de riesgo.
En Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, La Guaira y Barinas, las actividades se centraron en arterias viales y plazas principales; mientras que en Amazonas, Anzoátegui, Miranda y Monagas se dictaron talleres a funcionarios de Protección Civil, cuerpos policiales, alcaldías e instituciones educativas como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
La Defensoría del Pueblo recordó que mantiene habilitados sus canales de atención telefónica: la línea 08000-PUEBLO (08000-783256), operativa de lunes a domingo entre 8:30 a. m. y 10:00 p. m., y los números 0424-1384164 y 0424-1384168, disponibles las 24 horas.

Con información de nota de prensa
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