Internacional
Cámara baja de EEUU aprobó Ley Bolívar que veta contratos con ligados al gobierno de Maduro
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley respaldado por republicanos y demócratas que complementa las normas que prohíben al gobierno de Estados Unidos contratar a personas que tengan lazos comerciales con el «gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro» en Venezuela.
La llamada Ley Bolívar, oficialmente Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, que ahora debe ser aprobada por el Senado, también establece la misma prohibición para «cualquier gobierno sucesor de (Maduro) en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos».
El gobierno de Estados Unidos no reconoce al régimen de Maduro pero si lo ha hecho con el opositor Edmundo González Urrutia, a quien considera ganador de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela del pasado mes de julio.
Ley Bolívar que veta contratos de Maduro
La ley fue presentada por dos representantes de Florida, el republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, que consideran, en palabras del primero, que Estados Unidos debe «mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano».
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«Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas», dijo Waltz en un comunicado.
En el mismo sentido habló Wasserman Schultz :»Estoy orgullosa de ayudar a liderar esta legislación bipartidista que cortará la red de apoyo de Maduro y enviará el mensaje claro de que los estadounidenses no toleraremos la represión antidemocrática y ciertamente no la subsidiaremos».
«A menos que Estados Unidos se deshaga de los intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro, no podemos decir verdaderamente que estamos comprometidos con el pueblo venezolano», dijo la congresista.
Waltz subrayó que «Maduro y sus compinches se han burlado e ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano, incitando a acciones violentas contra la oposición democrática».
Se refería así a las elecciones del pasado 28 de julio y a la proclamación como ganador de Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral, cuestionada por la oposición que, en base a los datos de las actas de votación, afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el escogido por el electorado.
El congresista subrayó que la política estadounidense «debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores».
Waltz concluyó con un mensaje al Senado para que «apruebe rápidamente este importante proyecto de ley y lo envíe al escritorio del Presidente para su firma”.
El proyecto de Waltz y Wasserman Schultz fue también promovido por los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, los tres de origen cubano y republicanos, y Jennifer González-Colón, representante de Puerto Rico, entre otros.
El futuro secretario de Estado de gobierno de Donald Trump, el senador Marco Rubio, ha apoyado legislaciones semejantes en pasadas legislaturas.
Con información de ACN / El nacional
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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