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Ministra de Pueblos Indígenas: No hay represalias, seguimos trabajando y construyendo la paz

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Clara Vidal (I). (Foto: EFE).
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La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de Venezuela, Clara Vidal, dijo este miércoles 7 de agosto que en su país no hay represalias contra los manifestantes que participan en las protestas que se han producido desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«En Venezuela lo que ha sucedido son elecciones con la participación democrática (…) la demostración de la democracia plena». Comentó al responder a una pregunta sobre la nueva crisis que se ha desatado en Venezuela.

«Estamos dialogando y mostrando al mundo la paz, la política (en la) que hemos trabajado en estos 25 años de revolución bolivariana». Insistió, tras declinar comentar sobre la violencia registrada en las protestas.

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No hay represalias en Venezuela

Según comentarios del presidente Nicolás Maduro en televisión, al menos 2.229 personas han sido detenidas en Venezuela en el contexto de las protestas y son considerados terroristas.

Igualmente, la ministra Vidal participó en Ginebra -al frente de una nutrida delegación oficial- en un diálogo de dos días con el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial. La instancia encargada de velar por el cumplimiento por parte de los Estados de la convención internacional sobre esta materia.

Además, en el caso de Venezuela, los miembros del Comité examinaron las políticas públicas en relación al respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Se respeta el derecho a la reunión

Asimismo, Durante el diálogo en el Comité, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela y miembro de la delegación, Larry Devoe, afirmó que en Venezuela se respeta el derecho a la reunión y a la manifestación. Y que las fuerzas de seguridad respetan los derechos humanos en esos eventos.

«En Venezuela está plenamente garantizado el ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Los órganos de seguridad están formados y preparados para actuar en materia de control de reuniones públicas y manifestaciones. Conforme a los estándares internacional de derechos humanos», sostuvo.

Mencionó que entre 2017 y septiembre de 2021 en Venezuela hubo más de 3.100 manifestaciones públicas en todo el país. Lo que -desde su punto de vista- es la demostración del respeto a este derecho.

Sobre el voto en el exterior…

Devoe también se refirió al voto de los venezolanos en el exterior. Sobre lo cual recordó que cada país establece las condiciones legales para que sus ciudadanos en el extranjero puedan registrarse para participar en los procesos electorales nacionales.

En ese sentido recordó que para ejercer el derecho a votos los venezolanos que residen en otro país deben tener la residencia legal permanente para inscribirse para votar.

La oposición venezolana ha denunciado que apenas unos 70.000 venezolanos estaban habilitados para sufragar el 28 de julio. De los cinco millones mayores de edad que viven fuera y que no pudieron hacerlo por los requisitos impuestos por el gobierno, según agrupaciones opositoras.

En relación al diálogo con el Comité de la ONU, la ministra Vidal consideró que sus miembros pudieron entender que Venezuela «garantiza la paz y derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescedientes y del pueblo en general».

ACN/MAS/EFE

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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