Internacional
EEUU acusa a venezolanos, españoles y costarricenses de violar ley de sanciones a PDVSA

EEUU acusa a 10 personas violar ley de sanciones a PDVSA, entre ellos venezolanos, españoles y costarricenses, mediante la exportación de piezas de aviones. Informó la Fiscalía estadounidense.
Los diez están acusados de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en inglés). Por lo que enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión si son declarados culpables.
Entre enero de 2019 y diciembre de 2021, después de conocer las sanciones impuestas a PDVSA, los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aviones. En violación de las sanciones y controles de exportación de Estados Unidos, según la acusación.
Las piezas incluían motores Honeywell Turbofan, de Estados Unidos, para dar servicio a la flota de aviones de PDVSA en Venezuela. Detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Uno de los acusados, George Clemente Semerene Quintero, de 60 años, fue arrestado el viernes pasado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.
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EEUU acusa a 10 personas de violar ley de sanciones a PDVSA
Los acusados ocultaron a empresas estadounidenses que los bienes tenían como destino Venezuela y PDVSA exportándolos a terceros en otros países, según la Fiscalía.
Entre las empresas figuran la costarricense Novax y la española Aerofalcon.
Los acusados vinculados a PDVSA son el coronel del Ejército venezolano Gilberto Ramón Araujo Prieto, de 54 años, gerente de transporte aéreo de la estatal petrolera; Guillermo Ysrael Marval Rivero, de 62, y Fernando José Blequett Landaeta, de 52, ambos gerentes de transporte aéreo y analistas logísticos responsables de adquisiciones, y Semerene, jefe de logística, adquisiciones y almacenamiento.
Otros acusados son Luis Alberto Duque Carvajal, de 63 años, de Costa Rica, propietario de Novax; Melvin Alemán Espinoza, 39, director de operaciones, Mikhail Largin, de 60, director de proyectos especiales, y Pedro Elías Sucre Salazar, fr 58, empleado ubicado en Venezuela.
De Aerofalcon fueron acusados su propietario, Juan Carlos González Pérez, de 60 años,y Juan David Guerra Viera, de 54, director de la empresa.
Duque, Alemán, Sucre, González y Guerra Viera están acusados además de presentar información de exportación falsa o engañosa y de contrabando de mercancías, lo que conlleva penas máximas de 5 y 10 años de prisión, respectivamente.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Asesinan a un alcalde y su escolta en el estado de Michoacán, México

Asesinan a el alcalde del municipio de Tacámbaro, Salvador Bastida García, de varios disparos de bala en el estado de Michoacán, México, este viernes 6 de junio. Producto de este ataque también falleció el escolta de Bastida, identificado como Pastor Cortés Álvarez.
El Ayuntamiento de Tacámbaro confirmó en un comunicado el «doble asesinato» y expresó su «tristeza y reflexión». «Queremos reafirmar nuestro compromiso con la paz y la seguridad de todos los tacambarenses. Hemos solicitado el apoyo de las instituciones correspondientes para esclarecer este doloroso acontecimiento y asegurar que se haga justicia», señala el documento.
El alcalde era investigado
Así, recalcó que las autoridades locales siguen trabajando para «reforzar las medidas seguridad y garantizar el bienestar de la comunidad». «Tacámbaro ha sido un municipio tranquilo, y juntos, con unidad y fortaleza, continuaremos esforzándonos para que así siga siendo. Hacemos un llamamiento a mantener la calma y a unirse en un espíritu de solidaridad en estos momentos difíciles», añadió.
En este sentido, explicó que el alcalde y su escolta se encontraban viajando en una camioneta. Justo cuando se movilizaban resultaron sorprendidos por un grupo de hombres armados que abrieron fuego contra el vehículo. Al edil lo trasladaron con vida a un hospital de la zona, donde confirmaron su deceso.
En la población de Tacámbaro existe temor ya que, aseguran, su pueblo es tranquilo y no presencia generalmente este tipo de hechos.
La Fiscalía de Michoacán señaló que se encuentra investigando el homicidio y apuntó a que el alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida García, tenía un proceso de investigación por organizar presuntamente reuniones con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. También había suscitado críticas después de vincularan a su tesorero, Raudel Campos Murillo, con el tráfico de personas, un escándalo que llevó a su dimisión en 2024.
Con información de: El Diario
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