Internacional
«Esta película ya la vimos en Nicaragua», dicen opositores sobre inhabilitación de Machado
«Esta película ya la vimos en Nicaragua», señaló la activista nicaragüense desnacionalizada y exiliada Haydee Castillo en la red social X.
Opositores nicaragüenses en el exilio rechazaron este domingo 28 de enero la inhabilitación política contra la líder antichavista María Corina Machado, que le impide participar en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año en Venezuela, y consideraron que el Gobierno de Nicolás Maduro sigue los pasos de su aliado y homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega.
«Esta película ya la vimos en Nicaragua»
Castillo se refiere a que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, en las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, luego de arrestar a siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición que se perfilaban como sus principales contendientes y eliminar a tres partidos políticos.
Entre los detenidos estuvo la periodista Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien derrotó en las urnas a los sandinistas y a Ortega en 1990, y quien era la figura de la oposición que tenía mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre de 2021, según las encuestas.
«El plan Maduro, con influencias nica-cubanas»
El dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro, uno de los siete opositores a los que Ortega evitó en las urnas, comentó en X que con la inhabilitación de Machado «se confirma públicamente la ejecución del plan de Maduro, con claras influencias nica-cubanas de inhabilitaciones, cárcel y fraude».
«Todos estos delincuentes actúan de la misma manera», agregó Chamorro, que fue encarcelado y condenado por delitos considerados traición a la patria, y posteriormente excarcelado y expulsado a Estados Unidos junto a otros 221 presos políticos nicaragüenses, que luego fueron despojados de su nacionalidad y privado de sus bienes.
«El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de decidir que tendrá unas elecciones al estilo Nicaragua, es decir, sin oposición y ganando el 100 % de los resultados», indicó, por su lado, en X el exembajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields, que se rebeló contra el Gobierno nicaragüense durante una sesión virtual de la OEA en marzo de 2022, tras formar parte del Ejecutivo sandinista desde 2011.
Para la presidenta del ilegalizado partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) de Nicaragua, la exiliada y desnacionalizada Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey, «la ilegal inhabilitación de Maria Corina Machado por parte del régimen socialista de Nicolás Maduro solo demuestra cuánto le temen a la vía electoral».
«Dictaduras para rato»
«Este atropello debe ser denunciado ante el mundo, porque es otro paso en un camino que ya recorrimos en Nicaragua”, escribió Rogers en X.
Según una reflexión de la activista Castillo, «ninguna dictadura, sea de izquierda o de derecha, entrega su poder jugando limpio y bajo reglas democráticas».
«O los debilitás al máximo quitándoles todo lo que les sostiene o tendremos dictaduras para rato” tanto en Nicaragua como en Venezuela, razonó.
El Gobierno de Venezuela aseguró el sábado que la inhabilitación política de Machado, ratificada el viernes por el Supremo y que le impide competir en las elecciones presidenciales de este año, es «cosa juzgada», por lo que «ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto».
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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