Internacional
Protestas antigubernamentales en Perú concluye con ocho heridos y seis detenidos (+ videos)
Una nueva marcha antigubernamental en Perú llegó hasta los exteriores del Congreso peruano, mientras los enfrentamientos con la policía nacional dejaron ocho heridos y se registraron seis detenidos, al término de una jornada de protestas que se extendió por gran parte del país ayer jueves 20 de julio.
La jornada de protesta empezó con movilizaciones en varias regiones del país, que transcurrieron pacíficamente en su mayoría, y concluyó con una marcha por el centro histórico de Lima con la participación de organizaciones sociales, sindicatos, grupos de estudiantes, activistas y partidos de izquierda.
La Policía Nacional usó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que llegaron hasta los exteriores del Parlamento, edificio que estaba rodeado por un cerco policial y rejas de metal para impedir su acceso.
Un grupo de manifestantes fue conducido por la Policía hacia un puente que comunica con el distrito del Rímac, mientras que otro grupo fue forzado a retroceder hacia el parque Universitario, donde estaba el cerco policial que bloqueaba el ingreso a la avenida Abancay.

Marcha antigubernamental en Perú deja ocho heridos
Al final de esa avenida se encuentra el edificio del Parlamento, que permanecía cerrado y resguardado por la Policía Nacional con tanquetas y otras unidades móviles.
Una vez en el lugar, la televisión local mostró al presidente del Congreso, José Williams, observando desde un balcón a los manifestantes que seguían llegando a los exteriores, una situación que no se había producido en las movilizaciones de protesta de los meses previos.
Los manifestantes lanzaron objetos envueltos en llamas, piedras y botellas de agua a la Policía para intentar no ser desalojados del centro histórico, pero los agentes avanzaron protegidos con sus escudos.
Intentaron incendiar prefectura
Al hacer un balance de las movilizaciones en Lima y varias ciudades del país, el ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que «se va evidenciando que la gran mayoría (de la población) quiere trabajar, debemos de sentirnos orgullosos».
«Es una clara muestra de que nuestro país está tomando otro rumbo, las personas quieren trabajar», expresó el ministro, tras estimar que unas 21.000 personas se unieron a las movilizaciones en todo el país.
Romero informó de que, producto de estas movilizaciones, ha habido seis detenidos, uno de los cuales es una persona que arrojó una bomba molotov a la policía en Lima.
Esas bombas no son para iluminar, «es para atacar, para matar a la policía, pero la policía reaccionó bien y esto no ha pasado», indicó la autoridad.
También mencionó que manifestantes intentaron incendiar el local de la Prefectura en la surandina ciudad de Huancavelica, pero que la policía logró controlar el fuego y no tuvo mayores consecuencias.

Cuatro agentes entre los heridos
Asimismo, detalló que han habido ocho heridos producto de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, de los cuales la mitad de los lesionados son agentes policiales.
«Lamentamos y esperamos que no sean de gravedad y que en los próximos días estarán en buenas condiciones», añadió.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó 8 heridos en las manifestaciones y que hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en varios puntos del centro de Lima y en la plaza de armas de la ciudad surandina de Huancavelica.
Las acciones colectivas de protesta se llevaron a cabo este miércoles en 64 provincias con movilizaciones y bloqueos, mientras que las marchas y concentraciones se produjeron en 59 provincias del país.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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