Internacional
Venezuela en el «sótano» del ranking de la lucha contra la corrupción (+ videos)
Venezuela última en lucha contra la corrupción. La capacidad para combatir la corrupción de los países de América Latina se ha “deteriorado”, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) que se publica desde hace cinco años.
Según este indicador, “Venezuela continúa en la cola de la lista por quinto año consecutivo”. Junto a Guatemala, registró el mayor descenso en puntaje, con 10,4% y 15%, respectivamente.
Theodore Kahn, director asociado en Control Risks, explica que, en el caso de Venezuela, “el resultado tan bajo no sorprende”, ya que “es un reflejo del proceso de deterioro institucional y erosión de la democracia que ha sufrido el país desde hace ya varios años y que ha permitido al partido oficial cooptar o eliminar casi todos los controles y contrapesos institucionales, políticos y sociales que normalmente existen en un sistema democrático”.
Brian Winter @BrazilBrian, vicepresidente de política pública para el Consejo de las Américas, dice que el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023 muestra un “empeoramiento” en diferentes países. https://t.co/Xhc0aOoabE pic.twitter.com/bKaZ4NcsEp
— Voz de América (@VozdeAmerica) June 28, 2023
Venezuela última en lucha contra la corrupción
Además, las instituciones responden a las directrices políticas del gobierno y “no existe una división de poderes sana que permita controlar y castigar actos de corrupción según criterios técnicos y jurídicos”, agregó.
“El colapso de su democracia y la crisis humanitaria llevan a la corrupción”, dijo Brian Winter.
Guatemala (2.86) y Bolivia (2.56) son los otros dos países que comparten los últimos puestos.
Según Winter, Guatemala ha pasado de ser “lo que muchos consideran un gobierno híbrido, que no es ni dictadura ni democracia”.
Bolivia es un país que también “ha perdido calidad institucional a lo largo de los últimos años… parece que ha habido casos judiciales para castigar a los enemigos del gobierno actual”, dijo.
Otro país que preocupa es México (3.87), por “la batalla” que el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo contra las instituciones independientes.
Guatemala y México son los dos únicos países cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el índice por primera vez en 2019.
Brian Winter @BrazilBrian, vicepresidente de política pública para el Consejo de las Américas explica cuáles son las mayores preocupaciones del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023 en América Latina. https://t.co/Xhc0aOoabE pic.twitter.com/HPIHYaioV3
— Voz de América (@VozdeAmerica) June 28, 2023
Sigue siendo prioridad en la región
A pesar de la caída en los resultados, Winter destaca que la corrupción sigue siendo una prioridad en la región y que la variación en el índice es moderada.
Lizarazo dijo que los países de América Latina “tienen desarrollos normativos y regulatorios robustos, sólidos para combatir estas prácticas… [Lo] han asumido como un desafío urgente. Y es un tema que sin duda hace parte de la agenda pública”.
Además destaca que la lucha contra la corrupción “ha perdido un poco cierto impulso… pero no se ha abandonado”.
Uruguay (6.99 sobre 10) volvió a ocupar el primer puesto del Índice -aunque experimentó un año consecutivo de retroceso. Costa Rica (6.76) y Chile (6.67), a pesar de retrocesos moderados, también conservaron la segunda y tercera posición.
El Índice es elaborado por la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA por sus siglas en inglés) y Control Risks.
El mismo evalúa la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. La escala va del 10 al mejor, al cero el peor. Los países con más puntuación son los que tienen más probabilidad de sancionar a los actores corruptos, mientras que en los países con menor puntaje en la clasificación es más probable la impunidad.
El índice analiza 14 variables, como la independencia de las instituciones judiciales, los recursos para combatir la corrupción y el estado de la prensa independiente.

ACN/MAS/Agencias
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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