Internacional
CPI reanuda investigación sobre presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La Corte Penal Internacional (CPI) ha autorizado este martes al fiscal Karim Khan a reanudar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al considerar que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI señaló que el enfoque de las investigaciones internas “parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel” y consideró que se han “tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”.
Aunque ve que Venezuela está tomando “algunas medidas de investigación», considera que «sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.
CPI reanuda investigación en Venezuela
“Las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual”, señaló la Sala.
No obstante, los jueces recordaron que esta conclusión “no impide” que Caracas pueda proporcionar en el futuro material que determine la “inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad”, es decir, que demuestre que la justicia venezolana está ya investigando todos los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados por las víctimas y que la investigación del fiscal de la CPI no es necesaria.
1.8975 opiniones
Además de los argumentos del fiscal para reanudar la investigación y las observaciones de las autoridades venezolanas en contra de la reapertura del caso, los jueces han tenido en cuenta unas 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000, y la oficina del fiscal de la Corte recibió en septiembre de 2018 una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, en la que denuncian la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
En noviembre de 2021, la oficina del fiscal anunció que el examen preliminar iniciado en base a esa remisión había concluido y que se había tomado la decisión de proceder con una investigación formal, pero acompañada de un memorándum de entendimiento con Caracas para impulsar medios y mecanismos que promuevan un proceso nacional en Venezuela.
En abril del año pasado, Caracas pidió diferir las investigaciones del fiscal de la CPI a favor de las autoridades nacionales venezolanas, quienes continuarían buscando pesquisas en este caso.
Sin embargo, en noviembre, el fiscal Karim Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autoricen reanudar esa investigación porque Caracas no está haciendo lo suficiente en el caso.
Desde entonces, Caracas y el fiscal han estado presentado sus respectivas réplicas a la Sala, durante un proceso en el que Venezuela acusó a Khan de «instrumentalizar» la justicia «con fines políticos».
Con información de EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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