Internacional
CIDH recibió el informe anual de OVP
Humberto Prado, director del OVP, hizo entrega del informe anual de OVP a la doctora María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos de la (CIDH) en Washington DC.
La realidad que viven los privados de libertad de Venezuela fue documentada y analizada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Posteriormente fue publicada en Informe Anual 2022: El hambre es sinónimo de muerte en las cárceles venezolanas.
Prado informó a la funcionaria de la CIDH que desde el año 1999 hasta el 2022 han muerto 7.868 personas en las cárceles venezolanas y más de 17.893 resultaron heridas.
Asimismo desde el año 2017 hasta el año 2022 han fallecido 1.032 personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado venezolano, 44.86 % de ellos por condiciones de salud.
En otro orden de ideas, el director OVP informó cómo la crisis penitenciaria se ha agudizado durante los últimos años en todo el país, al punto que la principal causa de muerte se convirtió en la desnutrición que deriva en enfermedades como la tuberculosis, aunado a la falta de atención médica en los centros penitenciarios que complican los cuadros de salud de los privados de libertad.
De la misma forma, Prado explicó ante la representante de la CIDH que desde el año 1997 se han cerrado 11 centros penitenciarios en el país, lo cual equivale al desalojo de 5.800 plazas, contando entonces con una capacidad real instalada de 20.438 plazas.
CIDH recibió el informe anual de OVP, según el registro en Venezuela hay 33.558 personas privadas de libertad
Según los registros de OVP, en la actualidad en Venezuela hay 33.558 personas privadas de libertad, de las cuales 30.998 son hombres y 2.560 son mujeres, quienes sobreviven en 45 centros carcelarios con un hacinamiento crítico del 164.19 %.
OVP es un canal para víctimas de crímenes de lesa humanidad
La secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos de la CIDH también recibió de las manos del director de OVP, el informe 24 Testimonios 21 Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.
En este informe se documentan 24 testimonios de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano.
Además se relatan las torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos, y las muertes de presos políticos bajo custodia; así como también las ejecuciones extrajudiciales que fueron cometidas por cuerpos de seguridad del régimen.
Dichos testimonios fueron recabados y contados a través de encuentros virtuales, en los que OVP sirvió de enlace para que las víctimas y sus familiares alzaran su voz y fueran escuchadas por Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que actualmente lleva una investigación sobre Venezuela.
Nota de prensa
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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