Política
Unión Europea adelanta parte del informe sobre megaelecciones del 21-N
La Unión Europea, UE detectó condiciones desiguales en megaelecciones para los partidos durante la campaña electoral de los comicios locales y regionales celebrados en noviembre en Venezuela; pero considera que fueron “probablemente las elecciones mejor organizadas en varios años” en el país latinoamericano, indicaron este viernes fuentes comunitarias.
Las fuentes se pronunciaron en ese sentido en vísperas de que el próximo martes se presente el informe de la misión de observación electoral que la UE envió a Venezuela para supervisar el proceso de votación del pasado 21 de noviembre.
“Fue probablemente la elección mejor organizada en varios años”; señalaron las fuentes.
En ese sentido, comunicaron que la comisión electoral en los comicios “había cambiado e hizo un trabajo profesional”; que no hubo “realmente” objeciones sobre las máquinas de votación y el modo en que las elecciones se desarrollaron el día de la votación.
UE detectó condiciones desiguales en magaelecciones del 21-N
“Pero hubo claramente problemas estructurales que han estado ahí durante mucho tiempo”; añadieron, e hicieron referencia a la capacidad de retirar candidatos “de forma administrativa sin ningún derecho real de recurrir” o a la falta de separación de poderes y el papel que desempeña el poder judicial.
Asimismo, indicaron que hay “un claro uso de los recursos del Estado en la campaña de las elecciones”; lo cual “significa que no hay mucha igualdad de condiciones”, y apuntaron a las diferencias entre partidos a la hora de poder estar presentes en los medios de comunicación.
“Si sumas todo eso, crea una situación en la que no hay mucha igualdad de condiciones en el proceso electoral”; subrayaron.
Informe incluirán recomendaciones
El informe que se publicará el martes incluye una veintena de recomendaciones; incluidas siete prioritarias que se centran en la necesidad de crear una mayor igualdad de condiciones para futuras convocatorias electorales.
Las fuentes confiaron en que las recomendaciones del informe las asuman “todas las partes interesadas” del país; y formen la base para “una especie de hoja de ruta sobre la reforma electoral en el futuro”.
Las fuentes aseguraron que la misión de observación electoral pudo hacer su trabajo “como en cualquier otro país; con un total nivel de independencia y neutralidad”, y recalcaron que fue capaz de hacer “exactamente lo que queríamos hacer” y no hubo obstáculos para el despliegue de la misión.
Isabel Santos no puede entrar al país
Detallaron que la misión desplegó alrededor de 134 observadores en veintitrés estados de Venezuela durante siete semanas.
Sin embargo, la jefa de la misión de observación electoral, Isabel Santos, no podrá presentar el informe en Caracas el martes; porque las autoridades venezolanas no le han permitido entrar de nuevo en el país; así que lo hará de forma telemática.
Las fuentes comunitarias admitieron que no es “el escenario normal”, pero matizaron que tampoco es “totalmente inusual”; detallaron que en el pasado se han dado casos en los que el informe final no se ha presentado sobre el terreno en el país en el que se celebraron los comicios.
No incluye repetición de elecciones en Barinas
Indicaron, igualmente, que el informe no incluye la repetición electoral en el estado de Barinas el pasado 9 de enero porque el documento solo cubre lo que sucedió mientras la misión estuvo desplegada sobre el terreno; pero destacaron que esa convocatoria adicional se organizó “de forma muy profesional”.
“Fue impresionante y nos sorprendió, en cierta medida”; comentaron sobre la votación repetida en el estado llanero.
ACN/MAS/EFE
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Política
Rocío San Miguel recibió libertad plena por parte de tribunal venezolano
La abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel recibió libertad plena, informó por sus redes sociales, la también directora de la ONG Control Ciudadano.
El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó sentencia absolutoria a su favor, declarándola libre de toda responsabilidad penal por los cargos que se le imputaban.
“Hoy culmina un duro capítulo de mi vida. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, escribió San Miguel en su cuenta de X.
Añadió que durante este proceso “fueron puestas a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”. La activista agradeció a su familia —especialmente a su hija—, a la sociedad civil venezolana, a organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que la acompañaron.
Rocío San Miguel recibió libertad plena
Destacó el respaldo de Amnistía Internacional, Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FLDAmericas), Human Rights Foundation (HRF), sus abogados Theresly Malavé, Juan González Taguaruco, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, así como al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
San Miguel expresó solidaridad con los ciudadanos, activistas y presos políticos que aún enfrentan procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. Señaló que “la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”.
Respecto a las condenas emitidas en el mismo caso contra otros acusados, esperó que sean anuladas por considerarlas “profundamente injustas”.
La defensora anunció que continuará trabajando “con la misma transparencia y convicción” por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y una Venezuela democrática.
Años de injusticia
Rocío San Miguel Sosa, abogada especialista en temas de seguridad y defensa, es presidenta de Control Ciudadano, organización dedicada a la contraloría ciudadana sobre la seguridad nacional, la defensa y la Fuerza Armada Nacional. Detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando intentaba viajar con su hija.
Las autoridades la vinculaban a la presunta trama conspirativa “Brazalete Blanco”, por la que se le imputaron delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Durante la operación también detuvieron a familiares cercanos, entre ellos el padre de su hija, dos hermanos y su exesposo.
Organismos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denunciaron la detención como arbitraria y una posible desaparición forzada, recordando que San Miguel contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Permaneció privada de libertad durante aproximadamente un año, diez meses y 29 días, principalmente en El Helicoide (sede del Sebin).
Luego la excarcelaron el 8 de enero de 2026 en el marco de liberaciones de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro, aunque siguió bajo medidas cautelares hasta la sentencia absolutoria del 1-2 de octubre de 2026, que le otorgó libertad plena.
ACN/MAS/Efecto Cocuyo
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